Mirari ISASI

Entre 8.000 y 14.000 niños colombianos estarían reclutados por grupos armados en ese país, donde la violencia contra los menores es muy alta, según cifras difundidas por diferentes organizaciones. La ONG Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza de la Misión Diplomática Humanitaria, con sede en Medellín, advierte de que desde hace dos años el conflicto en Colombia ha mutado y ahora se encuentran niños en las estructuras intermedias de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como de las bandas paramilitares surgidas tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dedicadas al narcotráfico y la extorsión, y también como informantes para el Ejército.

María, nombre ficticio con el que una ex combatiente colombiana oculta su identidad por motivos de seguridad, consiguió desmovilizarse y abandonar el grupo armado, al que había pertenecido cuatro años desde su ingreso a los doce. Tanto ella como la Coalición española contra la Utilización de Niños y Niñas Soldado resaltan que el reclutamiento de menores por parte de grupos armados legales o ilegales se produce -casi siempre a cambio de promesas de educación y de seguridad, o a cambio de un salario- como una salida a la falta de oportunidades, a la miseria, a la falta de educación y salud y a la violencia intrafamiliar tan común en las zonas rurales, donde impera la ley de la guerrilla, de los grupos paramilitares emergentes o de las Fuerzas Armadas, y donde el Gobierno no garantiza la seguridad de los campesinos. «Se crea una cultura del miedo donde se legitima el poder de los actores armados que actúan al margen de la ley», aseguran desde la Coalición.

El reclutamiento de niños por parte de estos grupos es una realidad «invisible», que se «invisibiliza todavía más» en las zonas fronterizas de Ecuador, Venezuela y Panamá a las que muchas familias colombianas -entre 33.000 y 35.000 personas, según los datos oficiales recabados por el ACNUR- llegan en busca de refugio y protección y encuentran uns situación similar, en la que son también perseguidos o se ofrece dinero a los menores a cambio de ser sicario, raspachines (raspadores de la hoja de coca), informador, de transportar droga o de determinados servicios sexuales. Un fenómeno que se da porque los niños son «mano de obra barata, no hacen preguntas y son fáciles de aleccionar», sostiene esta organización.

El Estado, culpable

María explica que el ingreso en un grupo armado se produce a una edad muy corta y, en el caso de las niñas, se asumen roles masculinos, «se nos trata como un soldado más», y hacen diferentes tareas, incluida la de tomar las armas. Allí viven sus primeras experiencias sexuales, que identifica con una violación. «Intercambiamos nuestro cuerpo, aunque no obligadas, por un trato menos duro y más humano», señala.

«Allí perdí mi niñez. Durante cuatro años no supe nada de mi familia y fui sometida a maltrato físico y verbal y obligada a hacer cosas que no eran aptas para mi condición de niña», recuerda la joven colombiana. «Se vulnera el derecho a la vida y, con él, todos los demás, sin excepción: el derecho a la libertad, a la familia, a una vida digna... Y el culpable es el Estado, porque son niños y el Estado garantizar sus derechos», subraya.

Tres años después tomó la decisión de escapar y, aunque fue capturada y se le perdonó la vida, volvió a intentarlo un año más tarde. Desde su desmovilización hace nueve años vive en Bogotá, pero afirma que pese a que el Gobierno se jacta de sus logros en la reinserción de los ex combatientes se ha encontrado con escasas oportunidades para integrarse en una sociedad que «no nos acepta, sólo nos soporta». «Cada vez somos más los desmovilizados y menos las oportunidades», recalca.

Desde la Fundación Benposta, esta estudiante de trabajo sicosocial, ayuda a los jóvenes afectados por las guerras a recuperar su libertad y reconstruir sus proyectos de vida, una tarea difícil en un país que realiza una gran inversión para combatir a los grupos armados que actúan al margen de la ley, «para conseguir la paz ganando la guerra», pero que rechaza a los desmovilizados. «El Gobierno no sabe qué hacer con los desmovilizados, se crean talleres y se les da apoyo económico, pero no es suficiente para que olviden lo que han vivido en su infancia. Además, las garantías de seguridad por parte del Estado no son buenas y se han producido muchos asesinatos» de estos jóvenes desmovilizados que, para las organizaciones legales o ilegales a las que han pertenecido, siempre serán posibles testigos. De hecho, a cambio de dinero, el Ejército ha utilizado a los menores desmovilizados para identificar la ubicación de campamentos guerrilleros.

Por todo ello, la Coalición, que denuncia que los niños soldados vinculados a grupos armados y capturados por fuerzas del Gobierno no son tratados como menores sino como enemigos, resalta que se trata de un crimen de guerra que debe ser juzgado y no debe prescribir, e insta a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad en el caso de que el Estado colombiano no pueda garantizar que ningún menor sea reclutado. «Un solo niño en la guerra es una atrocidad y supone una generación más de conflicto, veinte o treinta años más de guerra», subraya, e incide en que hay que poner fin a la impunidad y trabajar la prevención.

«Si los niños son el futuro, ¿qué se está haciendo por ellos? Hay que poner un alto a tanta violencia, para que no sean reclutados más niños, para que sean sujeto de derechos, porque son el futuro del país, el futuro del mundo», concluye María.