Claudia Samayoa acercó la realidad que vive Guatemala en diversas charlas por Euskal Herria invitada por Mugen Gainetik. No habla delante de las cámaras de su relación con Rigoberta Menchú, aunque sostiene que el diálogo continúa siendo «cordial». Esta filósofa lleva 10 años interponiéndose entre los sicarios y los defensores de derechos humanos. Ahora, ella también es objetivo. No sabe quién o quiénes están detrás de sus amenazas de muerte, pero sus agresores tampoco han logrado que abandone su compromiso.

Hace 14 años de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala. ¿Cómo se encuentra el país?

Existe un deterioro profundo de los derechos humanos. El problema más relevante es el aumento de la violencia. Después de los Acuerdos de Paz, hemos pasado de siete muertes diarias por arma de fuego, a una media de 18. Este deterioro del derecho a la vida va relacionado al derecho a la propia seguridad. La ciudadanía se siente insegura ante la extorsión, un fenómeno en auge que afecta a ciudadanos del área urbana. Las bandas están exigiendo unos impuestos mensuales por el mero hecho de vivir ahí. El primer cobro lo realizan los mareros, pero éstos, a su vez, pagan sus cuotas a una estructura más compleja de crimen organizado donde usualmente participan miembros de la Policía, muchos de ellos, vinculados a altas esferas de la sociedad y del Gobierno.

¿Cómo ha podido estructurarse un entramado de impunidad tan grave?

El crimen organizado interno, que durante el conflicto fue promovido por el Ejército para financiar a los contrainsurgentes. hoy domina el panorama nacional. En la misma medida, se ha transnacionalizado el narcotráfico y el tráfico de personas. Mafias de la Europa del Este, italianas y del sudeste asiático, así como grupos de narcotráficantes mexicanos están tomando el control de las redes delincuenciales del país. No sólo de las que actúan fuera del Estado, sino también de las que vienen actuando históricamente desde dentro. Todos estos fenómenos profundizan la impunidad. Hemos llegado a extremos de un 98% de impunidad en homicidios, 100% en robos y del 100% en delitos fiscales.

¿Quiénes participan de estas redes? ¿Estamos ante delincuencia común o represión política?

El Ejército cuenta con 22.000 efectivos y la Policía, con 24.000. La mara tiene 3.000. En los medios se ubica a la mara como la causa de todos los problemas, pero el dato que no se publica es que el número de efectivos de empresas de seguridad privada ha crecido hasta 150.000. Se trata de personas armadas ofreciendo seguridad privada sin ningún control y a las que ni siquiera se les comprueban sus antecedentes penales. Muchas veces, ellos están detrás de los crímenes. Por otra parte, hay un porcentaje de muertes que tiene un origen en delincuencia común. Pueden matarte por un teléfono. Todo el mundo va armado, la gente pega antes de que le peguen y la vida vale muy poco. Sin embargo, la delincuencia común no explica más del 40% de las muertes. El otro 60% proviene de la violencia intencionada. En este punto englobamos el feminicidio, que supone el 11% de las muertes. En Guatemala matan a dos mujeres al día. Cuatro de cada seis de estas mujeres aparecen muertas después de haber denunciado a su padre o a su pareja por violencia doméstica. Otro 11% del feminicidio es achacable a la violencia común. El resto de muertes de mujeres, donde nos encontramos los patrones más salvajes -como mutilaciones y violaciones- tiene como función enviar mensajes y atemorizar a la población. La violencia política pura, los asesinatos contra defensores de los derechos humanos, constituiría el último capítulo. Este apartado tiene un fuerte patrón de amenazas y torturas. El año pasado registramos 14 muertes de defensores y, en lo que llevamos de 2010, han fallecido cinco.

Su trabajo le ha conllevado amenazas directas.

Sí he sido amenazada por denunciar a estos grupos de sicarios y de narcotráfico porque acompaño a otros defensores. Al interponerme, tienden a atacar. Pero nuestra labor consiste en generar redes de protección, tanto nacionales como internacionales, para defenderles.

¿Qué es una red de protección? ¿Cómo se articula?

Usualmente se articula a través de otros defensores que asumen las denuncias del amenazado para lanzar un mensaje de que no está solo. Se suman y participan en los actos de protesta del amenazado, para que el atacante vea que la reivindicación ya no sólo es del defensor, sino que otros harán su trabajo por él si deciden matarle. El atacar se vuelve así muy costoso.

¿A quiénes persiguen estos sicarios políticos?

Su intención es impedir que los activistas hagan algo para revertir la situación. La mayor parte de los asesinados trabajaban en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales. Son sindicalistas y opositores a los abusos de transnacionales y mineras.

¿Cómo frena esta lacra el desarrollo de los Acuerdos de Paz?

Una de las grandes promesas de los Acuerdos de Paz era generar una mecanismo para paliar las grandes iniquidades y las grandes diferencias estructurales que existen. Fundamentalmente, exigían una reforma educativa y sanitaria y una política de desarrollo rural. Pero estos cambios no llegan. No hemos conseguido siquiera pasar una reforma tributaria para la necesaria redistribución de la riqueza. Por ello, a pesar de un esfuerzo enorme en consensuar la salud y la educación, no hay fondos. Hemos conseguido ampliar la oferta educativa, pero somos incapaces de ofrecer educación más allá del tercer grado. Y tampoco una educación bilingüe para tratar de erradicar los problemas de racismo.