La procuradora de Baiona hizo ayer un esfuerzo loable al tratar de explicar la «cadena de despropósitos» que se ha producido en su investigación sobre la «de- saparición inquietante» de Jon Anza y que, en la lectura más generosa del caso, convierte a los agentes de la Policía Judicial asignados a este caso en aspirantes a actores de reparto en la versión más rocambolesca de la Pantera Rosa o en la película más carcajeante de Louis de Funes.

Si en este caso se jugara sólo el prurito de una división policial se podrían hacer chanzas sobre agentes que no saben redactar informes, ni auscultar archivos, ni llamar a sus colegas en la localidad de origen que figura en el billete de tren localizado junto a un desconocido moribundo.

Pero no estamos ante un tropiezo o un gesto de impericia que pueda servir de guión a un inspirado vídeo que colgar en Youtube. Estamos ante un caso de desaparición que, sin olvidar sus consecuencias trágicas e irreparables para una familia, aparece rodeado de un pesado misterio.

Kayanakis es depositaria de un cargo adscrito al Ministerio de Justicia. Su nominación es política, como política del más alto nivel es la ministra de Justicia gala, Michèle Alliot-Marie, responsable última de sus pasos. Si olvidamos esa dimensión de asunto de Estado que desde un fatídico 18 de abril de 2009 ha adquirido el «caso Anza», revelación a revelación, podemos caer en la versión tan fatua como indigerible que tuvo que contar ayer Kayanakis. ¿Qué versión es ésa? La que derriba el mito de Francia como país de los expertos para retratar a policías locales, miembros del SAMU, bomberos, directores de hospitales o empleados de morgues... como una cuadrilla de incompetentes.