La orden de detención internacional cursada por la Audiencia Nacional española contra varios refugiados políticos vascos y ciudadanos colombianos a los que vincula con las FARC volvió a ser criticada ayer por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. El mandatario bolivariano fue preguntado por los periodistas sobre las acusaciones que vinculan a su Gobierno con ETA y las FARC al término de un encuentro con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, y rechazó de nuevo el auto del juez Eloy Velasco.

«¿Para qué voy a responder eso? Me parece tan estúpido que no hay ni que responder. Creo que ni los que lo señalan lo creen», afirmó.

El presidente venezolano añadió que el caso abierto en la Audiencia Nacional «es una locura, porque no hay ni una sola prueba que sustente la acusación».

Chávez defendió también a los refugiados políticos vascos que residen en Venezuela y destacó que no han cometido ningún delito. Recordó que estas personas llegaron al país a través de un acuerdo firmado en el año 1989 por el presidente español Felipe González y su homólogo venezolano, Carlos Andrés Pérez.

«Estamos seguros que no están participando en ninguna actividad de terrorismo», subrayó tras insistir que llegaron a Venezuela tras firmar un convenio entre ambos gobiernos «un grupo de personas que pertenecieron a la ETA y que son ahora venezolanos, están casados, tienen hijos y hasta nietos».

Sin embargo, agregó que si le «demostraran otra cosa con pruebas irrefutables, la situación cambiaría».

Desde que se conoció el auto del juez Velasco a principios del mes de marzo, Chávez y otros miembros de su gobierno han rechazado las acusaciones y han culpado a la derecha española de estar detrás de ellas.

El presidente venezolano criticó que «no entiende» cómo el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, defiende a José María Aznar por calificarle de «mafioso, porque lo es». El presidente de la República bolivariana volvió a acusar a Aznar de tener conocimiento del golpe de Estado de 2002 en su contra.

En este sentido, señaló que si las relaciones entre ambos ejecutivos se dañan, el Estado español «tiene mucho más que perder». Según dijo, si el «irrespe- to» viene del Gobierno de Zapatero, esta actitud podría afectar a las inversiones que en el petróleo y gas que tienen empresas españolas.

Actuarán con pruebas

La Embajada de Venezuela en el Estado español emitió por la tarde un comunicado en el que recalcaba que actuarán contra las personas que han sido procesadas si se presentan «pruebas irrefutables que demuestren objetivamente actividades de esa naturaleza».

Por su parte, el ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, declaró que está «de- seando» que el Gobierno venezolano colabore con la justicia y con la Policía española para que la sospecha sobre la posible cooperación «quede disipada» cuanto antes.

Rubalcaba citó que el detenido la semana pasada en Portugal, Andoni Zengotitabengoa, y el arrestado en Normandía, José Lorenzo Aiestaran, habían mantenido relaciones con Venezuela, por lo que aseguró que «ahí hay algo».

Rubalcaba afirmó que «hay que comprobar, ver la magnitud que tiene y, sobre todo, impedir que lo que haya se reproduzca o se mantenga». «A mí lo que me interesa es que si allí hay algún tipo se situación favorable se acabe con ella», enfatizó el ministro español.