El anuncio por parte del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, de nuevas reformas legales para ahondar en la segregación política contra el independentismo vasco muestra que los securócratas marcan la agenda del Ejecutivo español. Ese anuncio se da, además, en plena polémica por las palabras de Jaime Mayor Oreja en las que éste acusaba al PSOE de connivencia con ETA. En vez de responder en términos ideológicos, el PSOE se pliega a la estrategia del PP y retoca por enésima vez una ley con el único fin de restringir aún más los derechos civiles y políticos de una opción política legítima que en Euskal Herria tiene un gran apoyo social y electoral. Algo que, además, tiene la consecuencia perversa de facilitar el acceso al poder en muchas instituciones a quien promueve esa ley.

Desde un punto de vista jurídico es especialmente criticable que las reformas no se hagan con el espíritu universal que debe tener toda ley, es decir, que se hagan leyes y reformas ad hoc, siempre pensando en un grupo social concreto: la izquierda abertzale. Así se «fabrican» leyes que no tienen aplicación posible en otros lugares del territorio español. Leyes que, incluso en los casos en los que se podrían aplicar, siquiera para evitar la acusación de flagrante parcialidad, como en el caso de los GAL o el más reciente de Falange y Tradición, sólo se les aplican a ciudadanos y entidades vascas. Esto implica la aceptación del «Derecho penal del enemigo». Todo ello en un Estado que ha homologado el franquismo mientras ilegaliza la memoria de la lucha antifranquista.

Desde un punto de vista político resulta paradójico que mientras Zapatero califica la postura de Mayor Oreja y Rajoy de «inaceptable», «irresponsable» y «mentira» su Gobierno asuma y profundice en las exigencias de la derecha con tanta premura. No es creíble que en un escenario como éste todos en la Ejecutiva del PSOE estén de acuerdo en atarse aún más las manos y las mentes frente a la derecha. Porque hay cosas que, de puro irracionales, no se pueden justificar ni con la razón de estado.