Jone Goirizelaia comentó ayer que la petición fiscal que suma un total de 372 años de cárcel contra 40 representantes de la izquierda abertzale confirma lo ya esperado, aunque su tramitación indicaría que la celebración de la vista oral podría ser inminente. Entrevistada en Info7 Irratia, advirtió que, «si Euskal herria no lo remedia» denunciando que en estas causas «no se juzgan actos delictivos, sino actuaciones políticas», próximamente «vamos a ver sentadas en el banquillo a todas las personas que en su momento fueron procesadas».

La petición fiscal contra los procesados en este sumario, conocido como «caso de las herriko tabernas», oscila desde los doce años de prisión para Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Rufi Etxebarria hasta los ocho solicitados contra una veintena de ellos, ya sea por «integración» o por «colaboración» con ETA.

La abogada precisó que, aunque la mayoría de los imputados está en estos momentos en libertad, ya han pasado por prisión y ahora tienen impuestas «medidas cautelares que vulneran sus derechos».

Garantías para el proceso

Manifestó Goirizelaia que la izquierda abertzale y, en general, la sociedad vasca «quieren iniciar un proceso democrático», para añadir que éste debe desarrollarse «con todo tipo de garantías para todo el mundo y tiene que ser verdaderamente democrático». Concretamente, hizo referencia a la situación de Otegi, que continúa encarcelado, de quien dijo que es «una de las personas más referencial en la política en Euskal Herria, en el Estado español y también en el resto de Europa, precisamente por su labor, por su trabajo y porque ha dedicado muchos años, prácticamente todos los que ha estado en actividad política, a poner propuestas de solución encima de la mesa y a buscar una salida democrática al conflicto político».

Y en cuanto a quienes han recuperado la libertad en las últimas semanas, recordó que lo han hecho «con una resolución judicial que vulnera sus derechos fundamentales y es a todas luces no ajustada a derecho, porque lo que hace es poner unas medidas cautelares que están dando por hecho que estas personas pueden resultar condenadas en el juicio, cuando no hay que olvidar que todavía mantienen la presunción de inocencia».

Volviendo al ámbito procesal, explicó que la calificación del Ministerio Fiscal no aporta novedades en lo que se refiere a la instrucción «porque lo que se ha hecho, más o menos, es, con lo que ya hay en la causa, fijar los hechos por los que se va a juzgar a cada una de las personas y decir qué delito constituyen esos hechos».

«Lo que sí es nuevo -explicó- es que la calificación del Ministerio Fiscal nos aproxima a la celebración del juicio y estamos ya en la fase inmediatamente anterior a que éste se pueda celebrar».