Los gendarmes y policías que habitualmente trasladan a los presos políticos vascos al Palacio de Justicia de París empiezan ya a acostumbrarse al bullicio y la agitación que suele acompañar a estos juicios. El pasado jueves, una nueva «invasión de solidaridad» levantaba la curiosidad de las numerosas personas que transitaban en el mismo momento por el primer piso, donde se encuentra la sala del Tribunal Correccional especial que juzgaba al zarauztarra Mikel Larrañaga y al gernikarra Arnaltz Gisasola.

Unos cincuenta familiares y amigos que habían viajado durante la noche a la capital parisina se apostaban puntuales a la puerta de la sala. Los policías accedían a dejarlos entrar en la misma por turnos «si lo hacían ordenadamente y en silencio» -algo bastante difícil-, ya que ésta no podía dar cabida a todos al mismo tiempo.

De hecho, el «desorden» se desencadenó en cuanto los dos militantes fueron percibidos entre los gendarmes que los condujeron a la sala de vistas por una puerta lateral. En cuanto entraron, empezó el cruce de saludos silenciosos, miradas cómplices, guiños, sonrisas e, incluso, alguna lágrima que otra, en particular de los que no les habían podido ver durante los últimos años.

La entrada del tribunal, compuesto exclusivamente de mujeres y al que con desgana manifiesta hubo que recibir en pie, interrumpió el intercambio de saludos, pero sólo temporalmente.

Negativa a responder

Tras los trámites de identificación de rigor, la presidenta emprendió una larguísima exposición de la calificación de los delitos por los que estaban procesados, de los hechos que les eran imputados y de los numerosos informes policiales que engordaban el sumario. Las acusaciones se apoyaban en dichos informes al haberse negado los dos militantes, desde el momento de su detención en diciembre de 2005 y durante toda la instrucción, a responder a las preguntas del juez. Gisasola y Larrañaga mantuvieron la misma tónica de rechazo a contestar a la presidenta y a la fiscal. El primero hizo saber a la presidenta que «hablaría luego», lo que hizo al dar lectura en francés -«para que entiendan»- a un documento.

La declaración recordaba, entre otros puntos, «el carácter político del conflicto que enfrenta a Euskal Herria con los estados francés y español», reclamaba «el derecho de la nación vasca a ser soberana y a tener un estado», y apelaba a Madrid y, en particular, al Estado francés que les estaba juzgando, a «reconocerlo, a abandonar las vías represivas y a abordar el diálogo».

Esa intervención dio paso al canto, puño en alto, del «Eusko Gudariak», lo que provocó la retirada voluntaria del tribunal y la obligada de los dos militantes que, sin embargo, retornaron al cabo de unos minutos. La fiscal pudo así hacer su requisitoria (siete años de cárcel y prohibición definitiva de residir en territorio francés para cada uno) y la defensa expuso sus argumentos «sobre un caso, relativamente simple, que incomprensiblemente han tardado más de cuatro años en examinar».

La presidente prometió sentencia para el 20 de mayo; los amigos y familiares, entre emotivos «recuerdos a...» y mensajes de despedida, que no dejarán de hacerles llegar su cariño.