Los familiares de las víctimas del franquismo no están dispuestos a aceptar el estancamiento de su causa en la Audiencia Nacional y van a pedir ayuda a los jueces federales de Argentina en la investigación de los crímenes de la Guerra del 36 y de la dictadura de Francico Franco. Lo harán a través de la presentación, el próximo 14 de abril -aniversario de la proclamación de la II República-, de una querella por el genocidio cometido entre 1936 y 1977, según publicó ayer «Público».

Ese día, las asociaciones de víctimas presentarán pruebas de las desapariciones forzosas que cometieron los generales golpistas desde el 18 de julio de 1936, con la intención de que la Justicia argentina investigue lo que, según sostienen, no se permite investigar en el Estado español. Los denunciantes, que pedirán la declaración de los franquistas que siguen vivos, justifican su actuación en que la Constitución argentina reconoce los principios de jurisdicción universal para juzgar delitos de lesa humanidad. La querella la presentará el hijo del alcalde de Lugo Severino Rivas (PSOE), fusilado por la Falange en 1936, y que ya vivía en Argentina cuando mataron a su padre.

Además, varias asociaciones de víctimas presentarán el lunes en el Tribunal Supremo español una querella por prevaricación contra Luciano Varela, el juez del Alto Tribunal que ha instruido el proceso por ese mismo delito contra el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que pretendió investigar los crímenes del franquismo. Entienden que el procesamiento de Garzón deja «indefensos» a los familiares de desaparecidos.

Repercusión internacional

El caso de Baltasar Garzón ha traspasado fronteras y ha tenido repercusión internacional. Muchos medios de comunicación han editorializado sobre la cuestión y se han posicionado a favor del magistrado.

Destaca «The New York Times», que en su alegato en defensa de Garzón señaló que «España necesita una explicación honesta de su turbulento pasado, no perseguir a aquellos que tienen el valor de exigirla» y estimó que la querella contra el juez debería haberse rechazado.

También el semanario británico «The Economist» publica un artículo que arranca con que «el generalísimo Francisco Franco, dictador de España durante 36 años, seguramente se estará riendo en su tumba».

Desde Chile, el juez Juan Guzmán, considerado «azote» del dictador Augusto Pinochet, salió en defensa de Garzón. Guzmán consideró «política» la actuación contra Garzón y sostuvo que «los crímenes de lesa humanidad no pueden ser indultados en virtud de una ley de amnistía».