Si bien la dimisión de Alfredo de Miguel como vicepresidente de la Caja Vital tras ser imputado como presunto autor de varios delitos ha puesto a la entidad financiera en el primer plano de la actualidad, la izquierda abertzale opina que los problemas de la caja «ni empiezan ni concluyen con esa dimisión», aunque con esta apreciación, que forma parte de una nota de prensa remitida ayer, no quiere «restar ni un ápice a la gravedad de que la Vital se haya visto salpicada por los hechos de corrupción más relevantes de las últimas décadas».

Por ese motivo, el grupo juntero independentista ha decidido llevar la situación de la caja a Juntas Generales, donde el diputado general, Xabier Agirre, deberá responder el próximo lunes acerca de cuáles han sido los criterios utilizados por su Gabinete en relación con la nueva designación de representantes del ente foral en la Asamblea General de la Caja Vital.

En este sentido, la izquierda abertzale apunta que «aparte de los partidos políticos representados y de la relevancia política de alguna de las designaciones, nada se ha dicho sobre cuál es el contenido de los acuerdos alcanzados entre el PNV y PSOE a la hora de consensuar las designaciones que corresponden a la Diputación». «Dichas designaciones -censura- no respetan una vez más la representación de las distintas formaciones políticas en las Juntas Generales» y «no se ha dado explicación alguna sobre los acuerdos adoptados para que Caja Vital juegue un papel relevante en estos momentos de crisis económica en beneficio de toda la sociedad alavesa». Agrega que «podría entenderse que el acuerdo es un mero reparto de poder entre los dos partidos políticos, sin ningún objetivo en materia económica y social para el territorio».

Además, tras conocerse las elevadas retribuciones del presidente de la Vital, Gregorio Rojo, que superan los 170.000 euros anuales, la izquierda abertzale ha tramitado una iniciativa para reducir en un 25% las remuneraciones, no sólo del presidente, sino del personal de alta dirección y de las dietas de asistencia al consejo de administración y de la comisión de control. «Estas remuneraciones se establecieron en momentos de bonanza económica, alejadas de la actual situación, por lo que dicho recorte además de necesario afirmaría el carácter social de la entidad financiera», valora.