Dos días después de los violentos enfrentamientos de Bangkok, el primer ministro tailandés, Abhisit Vejjajiva, se encontraba ayer bajo presión para encontrar una salida rápida a la crisis política, aún más compleja tras las amenazas de disolución de su propio partido.

La Comisión Electoral provocó la sorpresa al defender la disolución del Partido Demócrata (PD), acusado de haberse beneficiado de una donación ilegal en 2005.

Este decisión estaba siendo reclamada desde hace tiempo por los «camisas rojas», partidarios del antiguo y exiliado primer ministro Thaksin Shinawatra y que se manifiestan desde hace un mes para reclamar la dimisión de Abhisit y elecciones legislativas anticipadas.

El proceso de disolución del PD debería prolongarse durante varios meses, pero el anuncio de la Comisión Electoral debilita aún más a Abhisit y no dejará de influir sobre los acontecimientos políticos en un país traumatizado y dividido por la violencia política desde hace 18 años.

«La eventualidad de esta disolución va a provocar carne de gallina entre los demócratas y podría cambiar realmente el paisaje político muy rápido», considera desde Singapur Michael Montesano, experto en Tailandia.

«Es imposible prever qué consecuencias tendrá en un sentido o en otro», añadió.

Poder y oposición se culpan mutuamente de la responsabilidad de los combates callejeros entre soldados y «camisas rojas» que provocaron 21 muertos y más de 860 heridos en el centro de Bangkok el sábado.

Anupong Paojinda, jefe del Ejército, que ejerce una gran influencia en el reino, envió un mensaje a los dirigentes políticos. «Debemos volver a la política para encontrar una salida», declaró, instando a la mayoría parlamentaria y a la oposición a entenderse sobre la fecha de las próximas elecciones legislativas.

Los «camisas rojas» del Frente Unido para la Democracia y contra la Dictadura (UDD) reclaman unos comicios inmediatamente, mientras que el poder no desea que se celebren antes de fin de año.

La oposición rechazó de nuevo cualquier negociación con los representantes del poder, considerados «asesinos» por haber disparado contra los manifestantes.