La sentencia que felizmente absuelve a los encausados por el cierre de «Euskaldunon Egunkaria» carga contra las acusaciones populares -en este caso la Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia- por la «artificiosidad de la hipótesis acusatoria» y porque «han invertido el proceso inductivo. Primero se ha decidido cuál es la conclusión, de la que se predica, sin base, que es indiscutible, luego se buscan las señales, vestigios o indicios y, por último se rechaza cualquier sentido o explicación de éstos que no apoye la conclusión».

A la vista está, y perdónese el juego de palabras, que la acusación contra las acusaciones es muy grave. De hecho, son las que han mantenido este proceso durante los últimos años, dilatándolo hasta la vista oral con todos los costes económicos y personales que ello conlleva. Y, sin embargo, el tribunal presidido por Javier Gómez Bermúdez no incluye en la sentencia ningún reproche explícito a su actitud. Ni siquiera les impone una parte de las costas de un juicio que sólo por su culpa se ha acabado llevando a cabo.

Esta laxitud, impropia en un juez al que se ha visto en otras ocasiones ser verbalmente muy severo con los objetivos de sus reprimendas, sólo tiene la explicación de que en esta ocasión a Gómez Bermúdez le embarga un cierto sentimiento de culpa. Sabe que no es la primera vez que la Audiencia Nacional «ha invertido el proceso inductivo» dando lugar a condenas muy graves. Y sabe, sobre todo, que no fueron la AVT o Dignidad y Justicia quienes mandaron a cientos de guardias civiles a cerrar «Euskaldunon Egunkaria» y a detener e incomunicar a quienes consideraban sus responsables.

Fue el Estado quien encabezó aquella operación que ahora, siete años después, es considerada no ajustada a las leyes. Fue un juez, Juan del Olmo, quien dictó las órdenes de detención y clausura del diario a la Guardia Civil con un auto en el que aseguraba que «`Egunkaria' ha sido creada, financiada y dirigida por ETA, teniendo su lugar en las estructuras de la banda y unos enlaces determina- dos para recibir las directrices de la misma y poder remitir información».

Fue una fiscal, Olga Sánchez, la que después de los interrogatorios, pidió el encarcelamiento de la mayoría de los detenidos.

Fue un ministro de Justicia, José María Michavila, el que dijo que quedaba demostrado que el diario «es un instrumento de la acción terrorista», y otro de Interior, Ángel Acebes, el que añadió que la operación era «en defensa de la cultura vasca, de su pensamiento y de la expresión de su lengua en libertad». El jefe de ambos y presidente del Gobierno, José María Aznar, ensalzó su labor porque la lucha contra ETA -dijo- no debe hacer distinciones entre «las banderas de conveniencia que pueda utilizar la banda terrorista».

Es más, hubo también una asociación de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura, que alabó el trabajo de su colega Del Olmo asegurando que «goza de todas las presunciones legales de acierto que establece nuestra legislación. No hay ningún hecho que indique ningún tipo de error o de ilegalidad, sino todo lo contrario».

Y después, cuando iba a cumplirse un año de todas aquellas cosas que la Audiencia Nacional dice ahora que eran «hipótesis artificiosas», la fiscal Olga Sánchez volvió a pedir la prórroga durante otros seis meses de la clausura de «Egunkaria». Luego el juez, Juan del Olmo, insistió en mantener en prisión incondicional al consejero delegado, Iñaki Uria, dejando por escrito que «es la 'clave' del arco incriminatorio, por cuanto se aventura como eje de intervención directo y efectivo de la organización terrorista ETA en el denominado 'proyecto Egunkaria'».

Por tanto, si en este largo proceso ha habido un montaje artificioso las culpas exceden claramente de las acusaciones populares. Alguien podría preguntarse si pueden los aparatos del Estado caer tan bajo como para fabricar por intereses políticos un caso delictivo allí donde no lo hay.

Se trata, ciertamente, de una acusación muy grave y, por lo tanto, hay que ir con tiento para darle una respuesta. Conviene recurrir a voces autorizadas, y por tales habrán de tomarse, sin duda, las de un ex vicepresidente del Gobierno español y la de quien fuera su ministro de Interior.

Ayer mismo le preguntaron a Jaime Mayor Oreja si ve posible que, como afirma Francisco Álvarez Cascos, haya policías que estén preconstituyendo o falsificando pruebas en el sumario Gürtel. Su respuesta fue tajante: «Es perfectamente posible. Evidentemente, si lo dice el señor Álvarez Cascos, sus razones tendrá». Por lo tanto, si puede haber policías haciendo esas cosas en un caso de corrupción y disputa entre partidos, ¿qué cabe pensar que ocurrirá en los asuntos de Estado contra un enemigo común?

Lo que resulta llamativo es que después de siete años y de todo lo visto y oído, haya responsables políticos, institucionales y judiciales que digan que la sentencia de ayer demuestra que «la Justicia en España funciona» y que es «un Estado garantista». Hay también ahí un vicio de origen, una construcción artificiosa, una inversión del razonamiento.

En un Estado garantista, acusaciones tan graves como la de pertenencia a una organización armada deben estar mínimamente sustentadas antes de detener e incomunicar a nadie. En un lugar donde la Justicia funciona, para tomar una decisión irreversible como la de cerrar un diario se contrastan primero todos y cada uno de los extremos, tanto sobre las imputaciones existentes como sobre la base legal y constitucional que puede haber para la clausura. Es así, y no al revés, como han de hacerse las cosas.

Y, sobre todo, en un Estado no ya garantista, sino que simplemente decente, se practica «un control judicial suficiente y eficiente de las condiciones de la incomunicación» para evitar siempre que pueda haber «denuncias de malos tratos y torturas» «relatadas con detalle en la vista oral» y que «son compatibles con lo expuesto en los informes medico-forenses emitidos tras ser reconocidos en el centro de detención».