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Absolucón por el «Caso Egunkaria»

Satisfacción general y exigencia de responsabilidades y reparación

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GARA | GASTEIZ

La mayoría de los partidos y sindicatos vascos reaccionaron ayer con satisfacción al conocer la absolución de los imputados tras el cierre de «Egunkaria», pero al mismo tiempo exigieron la asunción de responsabilidades sobre lo ocurrido y la reparación de los daños causados a los afectados.

El presidente del EBB, Iñigo Urkullu, dio cuenta de «una satisfacción compartida con todos y todas los ciudadanos, no solamente vascos, que vimos desde el inicio del proceso la motivación política bajo la estrategia de `todo es ETA', impulsada en un tiempo político determinado y con unos acusadores determinados», al tiempo que reclamó al Estado español la reparación de «las consecuencias de una injusticia en lo personal, en lo social y en lo económico».

La izquierda abertzale, por medio de una nota, mostró su «alegría» por el fallo aunque considera que «no hace justicia» ni con el periódico clausurado, ni con sus trabajadores, ni con los ciudadanos vascos en general. Considera una «burla» que se diga que la Justicia «funciona» y recordó los cierres de ``Egin'', Egin-Irratia y las denuncias de torturas que presentaron los cinco juzgados, por las que «nadie va a pagar».

«Para que esto no se repita en nuestro pueblo y para poner fin a la situación de excepción que sufrimos, necesitamos construir un escenario democrático en el que sean respetados y garantizados todos los derechos civiles y políticos», señalaron.

Desde Aralar apuntan que «el Estado debe fijar y pagar las indemnizaciones lo antes posible para resarcir el inmenso daño causado». Exigieron «medidas que garanticen que no vuelvan a ocurrir casos similares» y que «se vuelvan a investigar las denuncias de torturas» de los procesados.

EA denunció que la sentencia absolutoria «llega tarde, no repara el daño causado y confirma el impulso político» en el cierre del diario en euskara. En consecuencia, exigió que se depuren responsabilidades porque «no puede ser que quienes ordenaron y dieron cobertura a aquel atropello, a aquella vulneración de derechos fundamentales, se vayan de rositas».

También Ezker Batua, Alternatiba y Hamaikabat! se expresaron en términos similares.

Sindicatos

El sindicato ELA aseguró que «hemos asistido a un proceso judicial sin ninguna prueba incriminatoria, con el único objetivo de criminalizar a personas de reconocido prestigio en el ámbito cultural vasco, y al conjunto de un proyecto que cuenta con un amplio respaldo social». En una nota, recordó el impulso político que tuvo el proceso con el llamado «Pacto Antiterrorista» que unía a PP y PSOE, y denunció «la connivencia en estos siete años de algunas organizaciones políticas y grupos mediáticos, que han silenciado, obviado y ocultado declaraciones, actos de apoyo a los encausados, así como hechos más graves como las denuncias de torturas».

LAB mostró su satisfacción por la absolución , aunque recordó que lo ocurrido no es un caso aislado y que sigue habiendo medios cerrados y periodistas encarcelados. Tras preguntarse quién y cómo se pagara el daño hecho a ``Egunkaria'' y dónde están los responsables de este perjuicio, recordó que el caso aún no se ha acabado, ya que la decisión se puede recurrir al Tribunal Supremo y, además, la causa financiera del caso continúa abierta.

CCOO remarcó que se constata que el caso nunca tuvo fundamento legal o jurídico.

Pastor: «Demuestra que la Justicia en España funciona»

El portavoz parlamentario y de la Ejecutiva del PSE, José Antonio Pastor, afirmó que con la sentencia «se cierra definitivamente un episodio que nunca debería haberse producido», y señaló que demuestra que «la Justicia en España funciona» y que es «un Estado garantista». También el portavoz del PP en la Cámara de Gasteiz, Leopoldo Barreda, resaltó que en esa resolución «se puede apreciar» que «estamos en un Estado de Derecho, con un régimen jurídico garantista». En todo caso, criticó la «actitud errática de la Fiscalía» y pidió que no se hagan «interpretaciones sesgadas de la sentencia». El Gobierno de Lakua se felicitó por la absolución pero lamentó la demora del proceso, puesto que «la protección eficaz de los derechos fundamentales y las libertades públicas exige una respuesta de los tribunales más ágil y pronta».

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