La media noche del domingo 11 de abril hizo efectiva la transferencia de poderes, aprobada por Londres y Belfast el pasado mes y el nombramiento de ministro por la Asamblea la culmina.

David Ford fue elegido ministro de justicia del ejecutivo norirlandés con los votos de Sinn Féin y DUP, que son mayoría en la cámara y en los grupos nacionalista y unionista, respectivamente, requisito indispensable para la elección bajo los términos del Acuerdo de San Andrés y el Acuerdo de Hillsborough. UUP, que inicialmente se había opuesto a la transferencia y SDLP, que mantenía que el ministerio de Justicia les correspondía de acuerdo con el procedimiento de d'Hont, en el que los ministerios son elegidos de acuerdo con el número de parlamentarios de los partidos, presentaron a sus propios candidatos -Danny Kennedy y Alban Maginness- que no consiguieron los suficientes votos para su elección.

El líder del UUP, Reg Empey, afirmó que aun tenía dudas «sobre el momento para la transferencia y el método para elegir ministro», pero aseguró que aceptaban el resultado de la votación de la Asamblea, ya que son «un partido de ley y orden y un partido de Gobierno: queremos que la transferencia funcione». Por su parte, la líder del SDLP, Margaret Richie, criticó a DUP y, especialmente, a Sinn Féin por la metodología para la elección del ministro, reclamando para su partido el derecho de elegir al nuevo miembro del Gabinete, a pesar de que Sinn Féin les recordó que habían aceptado que la Asamblea eligiera por votación al aceptar el texto de los acuerdos firmados en el 2006 (San Andrés) y en febrero de este año (Hillsborough).

Ford recibió con alegría su nombramiento, que representa la presencia en el Ejecutivo para su partido -el quinto partido en la coalición de gobierno- y el fin de su presencia en las filas de la oposición, afirmando que «este es, creo, un día significativo para el norte de Irlanda».

«Hoy es el día que se nos dijo nunca llegaría», apuntó el presidente de Sinn Féin, Gerry Adams. «Existía una gran oposición desde los partidos unionistas y el SDLP arrojó la toalla hace diez años. Nosotros hemos conseguido un presupuesto más alto y una nueva legislación. Hemos asegurado la transferencia de poderes y ganado el apoyo de la mayoría de los partidos. Así pues, este es un paso esencial en el proceso de cambio. El proceso de paz encuentra desafíos, pero este proceso de paz funciona», afirmó Adams tras la elección del ministro de Justicia.

Desde Dublín, el ministro de Asuntos Exteriores, Micheál Martin, celebró la elección de Ford, asegurando que «la autoridad y responsabilidad por el cuerpo policial y cuestiones judiciales están donde deben: a nivel local, rindiendo cuentas y funcionando para el beneficio de todo el pueblo de Irlanda del Norte».

El acuerdo para la transferencia de poderes se consiguió en febrero en Hillsborough, Belfast, después de diez días de intensas negociaciones en las que participaron, principalmente, el DUP, Sinn Féin y los Ejecutivos de Londres y Dublín, y se produce después del incumplimiento del plazo acordado en octubre de 2006 cuando, como parte del Acuerdo de San Andrés se decidió que la transferencia se produciría en mayo de 2008, pero ésta no tuvo lugar debido a la oposición del DUP.

«Un paso adelante»

Es por ello que la creación del nuevo Ministerio en el Ejecutivo de Belfast puede ser considerada como «un paso adelante en el proceso de paz, en el proceso político, y en asegurar que las instituciones, que han estado en funcionamiento desde 1998, están profundamente afianzadas y están jugando su papel en el servicio al pueblo norirlandés», afirmó Ford en el día de su nombramiento, que se vio ensombrecido por el estallido de un coche bomba en las afueras de Belfast y del que se ha responsabilizado al IRA Auténtico.

Precisamente, los grupos políticos de la Asamblea dedicaron los primeros minutos de la reunión a expresar su rechazo ante este incidente, que según Ford, subraya la necesidad de que los políticos trabajen juntos.

El nuevo ministro contará con un presupuesto de mil seiscientos millones de euros y casi cinco mil empleados y su funcionamiento será similar al de Escocia, que cuenta con su propio Ministerio de Justicia.

Algunas de las cuestiones de las que deberá ocuparse Ford son varias investigaciones en los casos de abusos sexuales a menores en el seno de las instituciones religiosas y estatales, dificultades en las prisiones, la amenaza disidente y las marchas orangistas que se inician el próximo mes. Además, el nuevo Ministerio deberá desarrollar políticas relacionadas con la seguridad ciudadana, Justicia y relaciones intracomunitarias, además de la efectividad de las instituciones judiciales.

Ford ya ha anunciado su intención de revisar el número de policías en servicio en el norte de Irlanda, al considerar que «mantener una comisaria en cada pueblo no es hacer un buen uso de los recursos públicos», ya que «hay cuestiones reales sobre lo que realmente contribuye a construir una sociedad segura en lugar de mantener las prácticas del pasado».

Limitaciones

Sin embargo, Londres se reserva el control de cuestiones relacionadas con la inteligencia militar, las fronteras y aduanas, el legado del conflicto armado -desde el punto de vista de investigaciones públicas y compensaciones- y la violencia de estado y connivencia entre fuerzas de seguridad y organizaciones paramilitares lealistas.

Figuras clave en la aplicación de justicia y en el servicio policial, tales como el jefe de policía, el presidente de la autoridad judicial, el director de la Fiscalía Pública, el Consejo Policial y el Fiscal General trabajarán mano a mano con el nuevo ministro.

El gobierno británico, liderado por el primer ministro conservador Edward Heath, retiró el poder judicial y el control de las fuerzas de seguridad al Ejecutivo de Stormont en 1972, al inicio de un conflicto armado en el que Gobierno norirlandés participó como uno de los contendientes. La decisión de Heath fue apoyada por los unionistas liderados por Brian Faulkner.

Otros intentos de revivir el ejecutivo norirlandés, como el acuerdo de Sunningdale en 1974, fueron boicoteados por los unionistas, que de ser los máximos defensores de la autonomía norirlandesa han pasado a ser los principales opositores a las transferencias.