Mientras la empresa Amenabar, que explota la cantera de Sasiola en Deba, sigue comiendo a grandes bocados la ladera de Praileaitz, el Parlamento de Gasteiz continúa enfrascado en debates cada vez más enterrados en un lodazal de competencias y vergonzosa falta de decisión política. Y mientras este enclave, auténtico santuario rupestre guipuzcoano, camina cada día que pasa y de forma inexorable hacia la destrucción, los nuevos responsables institucionales se esconden detrás de supuestas amenazas económicas, en forma de hipotéticas indemnizaciones millonarias a los explotadores de la cantera, para permitir que se consume un desastre cultural de dimensiones aún no calculadas y, lamentablemente, irreversibles.

«Las cosas se ven diferentes desde el Parlamento que desde el Gobierno, porque la palabra de un parlamentario tiene menos consecuencias de responsabilidad que la de alguien que está gobernando». Aún no se había apagado el eco de estas insólitas palabras, pronunciadas recientemente por Antonio Rivera, viceconsejero de Cultura, cuando se desarrollaba ayer la sesión de la Comisión de Cultura que debía abordar el decreto que regulará la protección de la cueva. Rivera trataba sin éxito de justificar el cambio radical de postura de su partido, el PSE, que estando en la oposición defendía la protección total del enclave y, ya en el Gobierno, se contenta con ampliar en apenas diez metros la insuficiente área de protección de la cueva.

Tras la brutal sinceridad del viceconsejero, que de un solo plumazo vacía de contenido cualquier planteamiento político de oposición en el Parlamento, se esconde en realidad una actitud pusilánime ante las amenazas empresariales y una absoluta falta de respeto a los propios principios y a los compromisos ideológicos adquiridos con su electorado. Y si eso es grave, hay algo aún peor: el tiempo se agota para Praileaitz.