Antes incluso de que fuera presentada oficialmente por el director de la Oficina de Espacio Público, Tomás del Hierro, la nueva ordenanza que pretende regular a partir de setiembre las actividades que se desarrollan en la calle era ya polémica. Las supuestas disensiones en el seno del equipo PNV-EB a la hora de abordar la problemática de la prostitución en la calle fue lo que transcendió, aunque a la vista del contenido de la normativa los argumentos del alcalde, Iñaki Azkuna, y sus asesores han prevalecido sobre otros.

Antes y después de que se diera a conocer su contenido, las denuncias se han centrado en la persecución contra las personas que ejerzan la prostitución en la vía pública; ahí se encuentran las valoraciones críticas de Askabide, SOS-Racismo y Emakunde. Para la izquierda abertzale, el hecho de que el debate se haya centrado en la polémica y difícil problemática de la prostitución parte de la premisa de la voluntad de quienes dirigen el Consistorio bilbaino de «evitar» que la ciudadanía conozca que la nueva ordenanza «tiene también como objetivo eliminar de la calle el ejercicio fundamental de promoción de ideas políticas, bajo la amenaza de sanciones muy graves».

Tras el análisis de los 134 artículos que conforman la ordenanza, el grupo municipal independentista considera que dos de ellos -el 26 y el 111-, referidos a las limitaciones por razón del contenido de las actividades y la autorización de instalaciones informativas eventuales respectivamente, suponen «la persecución de ideas y la restricción de derechos constitucionales».

En el primero se contempla prohibir las iniciativas que amparen consignas y reivindicaciones políticas, aunque a renglón seguido se apunte a que el Ayuntamiento no tiene capacidad legal para autorizar o denegar permisos a actividades representativas del Derecho Constitucional español que se incluyen en el derecho de reunión y manifestación. En el otro, se prohíbe la instalación de mesas informativas eventuales que promocionen ideas políticas. La infraccción de la normativa en esas materias puede acarrear hasta multas de 3.000 euros, al considerar que son «infracciones muy graves».

Hecho «gravísimo»

Para la izquierda abertzale, la nueva ordenanza municipal esconde un hecho «gravísimo», como es «prohibir la expresión y difusión de ideas en la vía pública». «Azkuna y Madrazo han optado por seguir la senda de la derecha extrema que en ciudades como Iruñea puso en su día en marcha ordenanzas similares con un objetivo claro: sacar de la calle las ideas que no les gustan», manifiestan.

«Tras la instalación de cámaras de videovigilancia por toda la ciudad, PNV e IU dan una vuelta de tuerca al recorte de libertades democráticas, en una sociedad como la nuestra permanentemente agredida, con la prohibición de concurrir a procesos electorales, cierre de periódicos, encarcelamientos masivos por tener ideas políticas determinadas, etcéta», señalan.

Además, subrayan que es «significativo» que la propuesta de ordenanza fuera presentada en vísperas de la Semana Santa.