«El fraude empresarial va en aumento: el entorno económico, la presión por los resultados, el enriquecimiento o la venganza a costa de su organización, la oportunidad que se presenta por debilidades del entorno de control y otros factores inciden en su origen». Con esta rotundidad inicia Javier López Andreo, director responsable de Forensic Services de PricewaterhouseCoopers (PwC) el «Informe sobre delitos económicos y fraude empresarial» de 2009.

El trabajo desglosa datos del Estado español y a nivel mundial. Se realizó a partir de una encuesta global -entre julio y noviembre de 2009- que contó con la participación de 54 países y más de 3.000 encuestados.

La apropiación indebida de activos (28%), el soborno y la corrupción (13%), la manipulación contable (11%), el blanqueo de dinero (5%) y el fraude fiscal (5%) representan el 62% de los fraudes que cometen las empresas, según el trabajo de PwC.

Son los directivos los que llevan a cabo, de forma mayoritaria, estas prácticas ilegales, a pesar de ser los que más cobran en las compañías. El 12% de los encuestados que comunicó delitos económicos destacó que en su empresa, la estructura retributiva de la alta dirección incluye un componente variable por objetivos conseguidos superior al 50%, frente al 11% que afirmó que no se incluía ningún componente de compensación económica variable extraordinario a sus elevados salarios. «En el primer caso -precisa PwC- el 36% de las empresas comunicó que había sufrido algún tipo de fraude».

En este sentido, el informe constata que el 42% de quienes cometen el fraude son mandos intermedios y otro 14% son altos directivos, mientras que sólo se atribuye un 2% del fraude a «otros empleados», el resto no se desglosa en el trabajo.

El 68% de los encuestados confirmó que «existen más incentivos o presiones de cara a cometer fraude que en el pasado», debido a la necesidad de mantener el resultado económico de las compañías y la consecución de los objetivos previstos». Desde 2003 los casos de manipulación contable en las empresas se han multiplicado «por más de tres» y «son prácticas habituales entre las empresas cotizadas, menos utilizadas por las entidades familiares». En este caso, el 47% de los encuestados confirma que se realizan «porque los objetivos financieros son más difíciles de conseguir» y otro 25% dice que se debe «al deseo de los altos directivos de conseguir los resultados económicos previstos».

En este caso, el estudio avisa que en «la apropiación indebida», que es el fraude más frecuente, «determina que los directivos españoles consideran que mantener el estilo de vida es uno de los principales motivadores del fraude». En esta época de crisis económica, como la que se está atravesando, es, sin duda, a juicio del estudio de PwC un fraude que aumenta.

Más de la mitad (53%) de los encuestados afirma que los delitos empresariales en el Estado español han aumentado en 2009, mientras que en Europa se quedan en el 40% y a nivel mundial llega al 43%. Otro dato interesante a nivel mundial, es que el 27% de las empresas que sufrieron delitos económicos «indicaron que también habían sufrido casos de soborno y corrupción en el último año».

Perjuicio económico

Como conclusión más relevante, la encuesta muestra que el fraude económico, en cualquiera de sus categorías: apropiación de activos, corrupción y manipulación contable, entre otros, es todavía «una amenaza que afecta a las compañías de todo el mundo, a pesar del aumento de acciones reguladoras y de los controles antifraude introducidos por las compañías en los últimos años».

Se calcula que en el Estado español «el perjuicio económico medio de las empresas afectadas por uno o varios fraudes en los últimos doce meses asciende a 730.644 euros, algo superior a los 613.871 euros de la media del fraude global por cada empresa». A estos costes directos, el informe precisa que se debería añadir costes indirectos como la imagen y la reputación que pierden las compañías y el «efecto desánimo» entre los trabajadores.

Cuanto mayor es la compañía superior es el impacto del fraude. Según el estudio , en 2009 el 46% de las organizaciones con más de mil empleos indicó que había sufrido «al menos un incidente de delito económico». Las empresas de entre 200 y 1.000 trabajadores que manifiestan un delito económico son un 26% y este indicador cae al 15% si las empresas tienen menos de 200 empleados. Un detalle que destaca es que el 37% de las empresas que comunicaron un nivel más elevado de delitos económicos fueron empresas públicas o estatales.