El ministerio fiscal pide once años de cárcel y una multa total de unos 801.600 euros para el ex jefe de Inspección de la Hacienda de Bizkaia Juan Ramón Ibarra Oyarzabal, por la comisión de cinco delitos, entre ellos los de falsificación y cohecho, tras haber supuestamente concedido trato de favor a un centenar de contribuyentes.

La acusación fiscal cita, según Efe, delitos continuados de falsificación de documento público, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos, así como los delitos de cohecho y desobediencia, tal y como se desprende del auto de apertura de juicio oral dictado el pasado marzo por el Juzgado de Instrucción Número Cuatro de Bilbo.

Están también acusados los ex funcionarios Joaquín Tebar Morcillo, José Luis Silvestre López y María Valvanera Canal, a los que se les imputan delitos continuados de falsificación, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos. Se enfrentan a una petición de cárcel de ocho años, así como unas multas de unos 24.000 euros.

El auto exige a Ibarra una fianza de algo más de un millón de euros para asegurar posibles responsabilidades pecunarias. Contra esta cantidad no cabe recurso y se señala que en caso de no ser consignada se obtendrá del embargo de sus bienes.

Además el juez pide a Ibarra el comiso de 337.000 euros como procedentes de las supuestas actividades delictivas.

A los otros tres imputados les impone un total de 32.000 euros de fianza.

La Audiencia Provincial de Bizkaia será la encargada de enjuiciar esta causa, que comenzó a instruirse en diciembre de 2003, cuando el Juzgado Número Cuatro de Bilbo admitió a trámite una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Ibarra por favorecer supuestamente a pequeñas y medianas empresas.

Anticorrupción acusaba a Ibarra de ser presunto autor de delitos de prevaricación, falsedad y desobediencia por ocultar a su jefe la supuesta trama.

La presentación de esa querella fue fruto de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto uso fraudulento del sistema informático y la alteración del curso de inspecciones tributarias de pequeñas y medias empresas de Bizkaia para que supuestamente no se realizaran inspecciones previstas o se hiciera constar falsamente que ya se habían efectuado.