El Gobierno de Lakua ha centrado su posición sobre el «caso Egunkaria» en la dilatación del proceso. En su nota del lunes, en la declaración de ayer de su portavoz, Idoia Mendia, y hasta en el trastabillado comentario de Patxi López en su blog, se hace especial hincapié en que han pasado siete años desde la operación policial y la sentencia absolutoria.

Es cierto que ese tiempo es ya una verdadera condena para los implicados, pero de ningún forma es el núcleo de la conculcación de derechos que aquí se ha producido.

Una «justicia deja de ser justicia» cuando el juez ordena la detención de dieciocho personas (10 en febrero y 8 en octubre) acusándolas de «pertenencia» a una organización armada o de relación con «delito terrorista» sin tener la mínima prueba con la que sustentar dicha imputación. Tan sólo a la espera de que los hábiles interrogatorios durante el periodo de incomunicación produzcan las declaraciones inculpatorias necesarias. Por ejemplo, que uno de los detenidos acepte mentir sobre la fecha en la que entró a trabajar en el periódico, tal y como recoge la sentencia.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, no ahorró ayer elogios hacia el fallo de Javier Gómez Bermúdez, pero, sin embargo, trató de disculpar que el juez instructor, Juan del Olmo, condenara a muerte a «Egunkaria» al ordenar su cierre cautelar. Aduce el ministro que cada medida hay que analizarla en su momento y en su contexto.

Pues no es eso lo que detalla la «didáctica sentencia» del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Lo que puede leerse es que «la suspensión provisional no tiene cobertura constitucional directa» y que la aplicación del artículo 129 del Código Penal, en el que también Garzón se amparó para cerrar «Egin» y Egin Irratia, tampoco es de recibo. En su día, el Tribunal Supremo ya corrigió el exceso de Garzón, aunque, como ahora, ello no sirviera ya para nada, pues no hay forma de resucitar un diario ejecutado.

Es decir, fuera cual fuera el momento y el contexto, el cierre no tiene cobertura legal.

En lo único que la referencia temporal es procedente es cuando el lehendakari habla de que se utilizó «la justicia como acompañamiento de una estrategia política muy determinada». Está claro que con el cierre de ``Egunkaria'' y el trato dado a los detenidos, José María Aznar quería lanzar un mensaje muy claro y brutal a los abertzales en un momento a caballo entre el Acuerdo de Lizarra (roto pero que dejó poso) y la aprobación del Nuevo Estatuto de Ibarretxe.

Y en las hemerotecas se puede comprobar que lo que PSOE y PSE dijeron fue que «no es de recibo cuestionar el Estado de Derecho» y que «hay que respetar la decisión judicial».