LA CUEVA DE PRAILEAITZ, A DEBATE EN EL PARLAMENTO
Lakua quiere buscar un «equilibrio» entre lo económico y lo cultural
La consejera de Cultura, Blanca Urgell, mostró ayer ante la Comisión de Cultura y Juventud su voluntad de conseguir un «equilibrio» entre los intereses económicos y culturales que existen en torno a la cueva de Praileaitz. Arqueólogos y grupos defensores, sin embargo, reiteraron la necesidad de proteger el patrimonio de la zona de forma íntegra y sin restricciones.
Ariane KAMIO | GASTEIZ
El Parlamento de Gasteiz acogió ayer una Comisión de Cultura y Juventud donde participaron, a petición de EA, la consejera Blanca Urgell, así como los arqueólogos Sonia San José y Xabier Peñalver y los miembros de Praileaitzen Lagunak Xabi Otero e Iñaki Epelde. Urgell explicó los contenidos del nuevo borrador que regulará la cueva y la ladera que bordea la caverna debatarra, en torno a la cual existen diferentes intereses a defender. Después de que el viceconsejero Antonio Rivera, también presente en el encuentro, admitiera esta misma semana que los intereses económicos tienen un peso fundamental en este debate, la consejera mantuvo ese mismo argumento.
La compañía Zeleta, la empresa explotadora, tiene reconocido el derecho de explotación en la cantera de Sasiola (Deba) desde 2001, año en el que se le otorgó una concesión para la actividad extractiva de áridos por un periodo de 30 años, condicionada a la aprobación de los correspondientes planes de explotación por la administración competente en materia de minas. En el año 2006 se descubrieron en una cueva, bautizada como Praileaitz I, las importantes pinturas rupestres y con el decreto de 2007 se procedió a la protección de las mismas. Zeleta presentó en su día una reclamación de responsabilidad patrimonial, al entender que con la protección de la cueva se limitaban sus derechos de explotación previamente reconocidos, reclamación que se eleva a «algunas decenas de millones de euros».
Urgell defendió que «por cada metro de más que protejamos el entorno del bien estamos proporcionando una nueva reclamación de responsabilidad patrimonial por parte de la cantera, en la que se incrementará proporcionalmente la cuantía de la indemnización de daños y perjuicios reclamada» y se posicionó a favor de buscar un «equilibrio» entre los diferentes intereses existentes. A fin de conseguirlo, fijó la línea de actuación de su Ejecutivo en tres medidas diferentes, ya anunciadas anteriormente. Por una parte, respecto a la protección de la cueva, el nuevo decreto establecerá una nueva zonificación que se extenderá de los 50 metros de perímetro actuales a los 65 y se creará, además, una trinchera de dos metros de anchura con la que pretenden «romper» la transferencia de vibraciones de las explosiones que se lleven a cabo en esa zona.
En lo referente a la protección de la ladera, el caballo de batalla de este asunto, Urgell ratificó que la ladera que bordea la cueva de Praileaitz seguirá siendo protegida por la Ley de Costas porque «establece un área de protección que recoge el conjunto de la ladera y no sólo una parte como se desprendería en la aplicación de la Ley de Patrimonio Cultural». A su juicio, la Ley de Costas «es más segura y eficaz» porque «si las limitaciones en la actividad de la cantera en la zona de la ladera son las contempladas por la Ley de Costas, no cabe que la empresa impute una responsabilidad patrimonial al Gobierno Vasco con ocasión de la modificación del Decreto de protección». Asimismo, explicó que alrededor de la boca de la cueva Praileaitz VI, descubierta a raíz de la explotación de la cantera y que según algunas hipótesis pudiera estar conectada con Praileaitz, contará con un área de protección de siete metros en la que se prohibirá cualquier actividad extractiva en este área «mientras no se lleve a cabo un estudio in situ por especialistas que permita determinar si dicha cavidad contiene sedimentos con interés arqueológico y paleontológico, así como una hipotética conexión física de dicha cavidad con la de Praileaitz I».
Protegerlo desde Cultura
Los arqueólogos y los miembros de los grupos defensores reiteraron los postulados defendidos hasta el momento. Peñalver y San José hicieron hincapié en la necesidad de proteger la cueva de forma íntegra, ya que «no conocemos cuáles son sus límites al estar colmatadas, rellenas, de yacimiento arqueológico. En el borrador no se reflejan algunas galerías de la cueva, algunas ya investigadas en parte por nosotros y hacia donde se dirigen ahora las excavadoras. También desconocemos el interior de Praileaitz VI y si ésta comunica con Praileaitz I. Si tuviera conexión, ya estaría destruida en parte -continuó- y no nos parece viable defender cosa que no conocemos».
En cuanto a la ladera, el arqueólogo de Aranzadi, que eludió opinar sobre cuestiones económicas, consideró «insuficiente» la protección que ofrece la Ley de Costas para la ladera de Praileaitz. «Debería de estar defendida por la Ley de Patrimonio. El hecho de que la proteccion de la ladera no esté en manos de Cultura acarrea que a la hora de conceder licencias de explotación se tengan las manos atadas y, a día de hoy, los hechos demuestran lo que estamos planteando». En ese sentido, alertó de que «las máquinas están demoliendo la ladera dentro de la zona de protección con total impunidad y, que sepamos, no se ha hecho nada efectivo para impedirlo. Hace dieciséis o diecisiete días que pusimos la alarma. Si no actuamos ahora, todos sabemos cuál es el futuro de Praileaitz», concluyó.
Desde Praileaitzen Lagunak alertaron de que «el patrimonio se está poniendo en cuestión» y mostraron su «preocupación» en el cambio de opinión del viceconsejero de Cultura Antonio Rivera, quien, cuando su partido estaba en la oposición, fue «uno de los mayores defensores de todo lo que estamos defendiendo nosotros ahora». Asimismo, indicaron que el bien cultural está siendo «zarandeado» por una empresa privada y pidieron a Amenabar que «se cuestione el hecho de que sí merece la pena este patrimonio».
El viceconsejero, por su parte, aseguró que «estamos ante un acertijo endiabladamente difícil de resolver» y defendió las medidas planteadas por su Ejecutivo afirmando que, por ejemplo, en Praileaitz VI se establece una «controversia entre criterios», ya que la Diputación de Gipuzkoa afirma que no existen datos que indiquen que en su interior haya yacimiento arqueológico alguno y, al contrario, «nosotros establecemos mayor proteccion para prevenir que haya mayor yacimiento».
El parlamentario de Aralar Dani Maeztu aseguró que «no es posible buscar un punto de equilibrio entre empresa y patrimonio, ya que estamos hablando de una cantera y su objetivo es hacer desaparecer el medio en el que está trabajando». Desde EA, por su parte, Jesús Mari Larrazabal criticó los 65 metros que pretende marcar el nuevo decreto y defendió los 100 metros de protección solicitados por la Diputación de Gipuzkoa, mientras que Carmelo Barrio (PP) insistió en que «en lugar de hablar de una buena noticia en lo arqueológico, estamos hablando de un marrón». El debate continuará hoy en las Juntas Generales de Gipuzkoa, donde se instará al Gobierno de Lakua a modificar el decreto y a aumentar el perímetro de protección a cien metros.
La compañía Zeleta, la empresa explotadora de la cantera en cuyo corazón se encuentra el yacimiento, tiene reconocida la explotación y concesión por treinta años. Urgell defendió que «por cada metro de más que protejamos el entorno del bien estamos proporcionando una nueva reclamación de responsabilidad patrimonial por parte de la cantera».
La arqueóloga de Aranzadi Sonia San José destacó que «en estos momentos, las palabras, las leyes y las normas las ponemos en duda teniendo en cuenta lo que ha sucedido (continúan las voladuras y las máquinas en la ladera), porque se está creando un desastre irreversible. La destrucción es lo que prima ante los borradores y los decretos».
La Comisión de Cultura y Juventud arrancó ayer con la comparecencia de la consejera de Cultura, Blanca Urgell, quien presentó un informe «externo, riguroso e independiente» elaborado por el bufete de abogados Ramón y Cajal con el fin de esclarecer las supuestas irregularidades ocurridas en el Museo Guggenheim, con Ignacio Vidarte al frente, entre los años 2002 y 2003. Se buscaba dilucidar las responsabilidades derivadas de las pérdidas de 17 millones de euros por desastrosas operaciones de compra de dólares del museo.
Esta cuestión salió a la luz a consecuencia de un informe realizado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en donde se indicaba que los dos contratos de compra de divisas en forward plus (se establece un tipo fijo de cambio) que estableció la Fundación del Museo Guggenheim y que generaron 800.000 euros de pérdidas se transfirieron a la Sociedad Tenedora, que asumió esas pérdidas por un contrato que no había suscrito. Este informe encargado por el Gobierno de Lakua concluye, entre otras cuestiones, que Vidarte «podría haber carecido del poder suficiente» para firmar los contratos y que «podrían haberse dado determinadas circunstancias que permitirían sostener jurídicamente que la formalización de los mismos no se justificaría conforme a un criterio de gestión razonable y prudente propio de un ordenado empresario».
Es decir, «el señor Vidarte no tenía poderes otorgados para ello», aseveró la consejera, al tiempo que añadió que «tampoco está claro que estuviera (Vidarte) legitimado para realizar una autocontratación». La autocontratación fue el sistema empleado por el director del museo para la cesión de los contratos de opciones de divisas por parte de la Fundación a favor de la Sociedad Tenedora. Asimismo, el dictamen recoge que Vidarte «actuó simultáneamente en nombre de la Fundación (del Museo) y de la Sociedad Tenedora sin contar con la autorización expresa de ninguna de estas dos entidades».
La parlamentaria del PNV Leire Corrales, por su parte, ratificó que el TVCP no apreció «ninguna irregularidad» en la opción de divisas por parte de Vidarte y acusó a la consejera de intentar «desautorizar» los informes presentados por esta administración.
Al final de su comparecencia, Urgell aseguró que de este dictamen se desprenden dos asuntos «fundamentales». Por una parte, «la posibilidad que tenía y tiene la Sociedad Tenedora de proceder a solicitar la reversión de las contrataciones» y, por otra, la posibilidad que tiene «de llevar a cabo acciones sobre el señor Vidarte por su actividad como apoderado de la sociedad». Así, la consejera recordó lo planteado durante una reunión con la Diputación de Bizkaia el pasado 15 de marzo, fecha en la que entregó el informe al ente foral: «Allí mismo me indicaron que no tenían ninguna intención ni voluntad de plantearse estas dos cuestiones. Es más, me respondieron que podían solicitar en un plazo de 15 días un informe contradictorio a éste, cosa que como han podido comprobar en la prensa de estos últimos días han procedido a realizar». En ese sentido, dijo que «volvemos a estar en el mismo impasse en el que estábamos» y añadió que «están remachando sobre el mismo clavo entidades públicas de toda solvencia y, sin embargo, más allá de nuestro cumplimiento personal, no podemos llevar a cabo ningún tipo de actuación para preservar los recursos públicos y pedir responsabilidades sobre su deficiente gestión, porque no encontramos colaboración de la otra mitad de la propiedad, es decir, de la Diputación de Bizkaia», concluyó. Lakua y la Diputación comparten al cincuenta por ciento el capital en la Sociedad Tenedora.
A.K.
