La discusión en el Tribunal Constitucional (TC) español sobre el Estatut de Catalunya, recurrido hace más de tres años y medio por el PP, el Defensor del Pueblo y cinco comunidades autónomas, puede acercarse al final si en la reunión del pleno convocada para hoy y mañana los magistrados aproximan finalmente posturas.

Hasta ahora, la deliberación ha sido compleja, sin que los diez magistrados que componen el pleno (tras el fallecimiento de uno de ellos -Roberto García Calvo- y la recusación de otro -Pablo Pérez Tremps-) hayan logrado consensuar una sentencia que ya va por el quinto borrador.

Los partidos políticos parlamentarios esperan, con años de retraso, una sentencia que les permita despejar dudas y poner en marcha sus maquinarias electorales para diseñar su estrategia de cara a los comicios autonómicos de otoño.

El president del Parlament y dirigente de ERC, Ernest Benach, ha condicionado la configuración del próximo Gobierno a la sentencia. La apuesta de Benach es un gobierno de unidad de las fuerzas catalanistas si el TC tumba el Estatut.

Una unidad catalana que ya se está demandando desde distintas fuerzas políticas si el fallo del alto tribunal es adverso y de la que quedaría fuera el PPC, la sucursal del PP liderada por Alicia Sánchez-Camacho, que recurrió el Estatut.

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ya ha advertido que si el fallo del TC es desfavorable, las relaciones de su coalición con el PP quedarán «muy deterioradas» y la colaboración en el futuro será «mucho más difícil».

El PSC, liderado por el president de la Generalitat, José Montilla, ha hecho bandera de la defensa del Estatuto. «Lo defenderé siempre, allá donde haga falta y ante quien haga falta». «Es vuestro Estatut, nuestro Estatut, mi Estatut», dijo el pasado sábado Montilla ante la plana mayor de su partido en un acto donde explicó los motivos por los que quiere repetir como candidato del PSC.

La Moncloa, sin inquietud

La dirección federal del PSOE tampoco está especialmente inquieta por el posible impacto negativo que la sentencia podría tener en las elecciones autonómicas. El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, confió el pasado lunes en que la sentencia tenga «efectos políticos limitados».

No opina lo mismo el PSC, que ha advertido de que un fallo «limitativo tendrá efectos» y mucho menos ERC, que, por boca de su portavoz en el Congreso español, Joan Ridao, vaticina en ese caso «un auténtico problema de Estado».