En la comarca de Hego Uribe-Arratia, desde Basauri a Galdakao pasando por Igorre, entre otros municipios, ha saltado la alarma roja ante la crisis. LAB ha convocado dos jornadas de movilización para este jueves y viernes -22 y 23 de abril- para denunciar en la calle el incremento del número de parados en un 65% en dos años y en la destrucción de empleo y contratos, que han caído en un 32%. La denuncia, también, tiene mucho que ver con la utilización que están haciendo los empresarios de la crisis económica para rebajar y reducir las condiciones sociales, laborales y económicas de los trabajadores, con el apoyo de algunas centrales sindicales y de la Administración pública que les entrega cuantiosas ayudas económicas y les permite llevar adelante la descapitalización del paro de los trabajadores a través de los expedientes de regulación, mientras que sus enormes beneficios económicos, obtenidos en quince años de crecimiento ininterrumpido, no se tocan.

Alexander Azpiri, representante de LAB en Hego Uribe-Arratia, recordó a GARA que se han convocado ambas movilizaciones y algunas charlas para provocar la concienciación entre los vecinos de esta amplia comarca. «Nuestra campaña se ha basado en cuatro empresas muy representativas como son Outokumpu, Doistua, Formica y Bridgestone (antigua Firestone), porque se encuentran en un perímetro de un kilómetro y se ha visto de forma directa la estrategia de los empresarios en ese camino por obtener más beneficios a costa de los trabajadores. Tras un prolongado ciclo de enormes beneficios empresariales, pretenden hacer recaer las consecuencias sobre la espalda de los trabajadores. Nos quieren hacer creer que toca a la clase trabajadora hacer el esfuerzo de la salida de la crisis, mientras ellos a seguir llenando sus bolsillos a nuestra costa».

Azpiri afirma que «en la comarca tenemos bastantes ejemplos de la gestión de la crisis que ha realizado la patronal» y destacan las cuatro empresas.«Nos tenemos que dar cuenta de que corremos un riesgo real de desindustrialización», precisó. LAB indica que Doistua, Outokumpu, Bridgestone y Formica «son ejemplos sobradamente claros de privatización de beneficios y socialización de las pérdidas. Volvemos a denunciar -como expresó Azpiri- que no falta riqueza, que sobran ladrones y que el modelo neoliberal no es ni será alternativa para garantizar el futuro de los trabajadores».

Junto a Alexander Azpiri acudieron a la cita con GARA delegados sindicales de las cuatro empresas: Gotzon Almaraz, de Formica; Luis Mari Barrena, de Doistua; Félix Iragi de Outokumpu, aunque en este momento se denomina LBH Spain; y José Luis Muniozguren y Eloi Ramos de Bridgestone.

debilitar las condiciones laborales

Todos ellos reconocen, en general, que detrás de los expedientes, despidos, intentos de cierre de empresas que han sufrido en el plazo inferior a dos años se esconde esa estrategia empresarial de debilitar las condiciones de trabajo y avanzar hacia una desregulación con el objetivo de que la respuesta de los trabajadores disminuya y sea nula, para no entorpecer el verdadero objetivo que persigue la patronal: obtener más beneficios económicos. Todos ellos reconocen que de la lucha y la presión que se haga ahora en las empresas, los jóvenes «tendrán mejor o peor garantizado su futuro laboral».

Gotzon Almaraz, de Formica, explicó que en 2007 y 2008 tuvo «muchos beneficios», pero en 2009 ni renueva los contratos eventuales y despide a 25 trabajadores. Fueron despidos improcedentes. En marzo solicitó un expediente de suspensión para 213 trabajadores. Fue autorizado, pero la empresa no hizo uso del mismo. «En medio de esa discusión porque no estaban acreditadas las causas productivas alegadas, se produjo un trasvase de producción entre las empresas del grupo, quedando demostrado que es la multinacional quien manda». Para Almaraz, en el fondo las empresas están tratando de conseguir ante esta crisis «cambiar empleo fijo por eventual. Tras las movilizaciones de los trabajadores estamos algo más tranquilos». Sin embargo, reconoce que la Espada de Damocles pende sobre los trabajadores en todo momento.

Peor situación es la que atraviesa Outokumpu, como explicó Félix Iragi, ya que se encuentra en Ley Concursal, en la que la empresa ha reclamado además el despido de 173 trabajadores y ha propuesto la venta de suelo industrial, «y con ese dinero asegurar el trabajo de 60 trabajadores, que serían elegidos por la comisión negociadora, es decir UGT, USO y CCOO, que fueron los que aceptaron el expediente de regulación, mientras LAB y ELA que lo rechazamos, nos quedaríamos fuera de ese control».

Tiene una plantilla de 232 trabajadores después de «adelgazarla en los últimos años». Pero han sufrido diferentes expedientes y en setiembre del año pasado «la empresa cerró todas las instalaciones aplicando la regulación al ciento por ciento de la plantilla». LAB denunció esa situación y la Inspección de Trabajo sancionó a la empresa. En enero volvió al trabajo un tercio de la plantilla, pero falta trabajo», precisó Iragi. En este momento la consultora Deloitte está elaborando un plan, porque el grupo catalán La Farba está interesado en su compra. «Es positivo que un grupo industrial no especulativo se presente, pero veremos como queda al final», dijo. Para Iragi, «llevamos más de un año con estos problemas. Crea un cansancio y un deterioro entre los trabajadores enorme. Es lo que busca el empresario. Porque es una pelea de resistencia».

El responsable de LAB en Outokumpu reconoce que «otras empresas con problemas buscan salidas con la reestructuración de su actividad, pero en ésta no. Fabricamos tubería de cobre y lo que está ocurriendo es que hay intereses especulativos con una parte de los terrenos y con la venta de cobre. Es caótica esta situación».

Eloi Ramos y José Luis Muniozguren, de Bridgestone, afirman que esta multinacional, que emplea a más de 1.200 trabajadores, planteó expedientes tras el verano de 2008 hasta julio de 2009, pero recuerdan que los motivos económicos y de producción eran infundados, porque «los beneficios en 2007 superaron los 11,2 millones después de impuestos, lo que supuso un incremento del 210%, más que el año precedente».

Para mayo o junio

En este momento, como explicaron los dos delegados sindicales de LAB, «no hay expediente de regulación de empleo, pero ya se empieza a oír que en mayo o junio llegará otro. Están esperando -precisaron- a que se negocie el convenio colectivo. Es la estrategia que plantean siempre». Reconocieron que CCOO, UGT y USO «están con la empresa, son los que mandan y así nos va». Como en el anterior y prolongado expediente de regulación, LAB dice que no hay razón alguna para aplicarlo porque «es una situación provocada por Bridgestone en su afán de enriquecerse sin límites a costa de los trabajadores».

Recordaron que con los expedientes «perdemos los trabajadores, porque CCOO y UGT nos dijeron que perderíamos unos 200 euros en el ERE, pero hemos demostrado que son miles de euros, en concreto 9.525 euros que se ahorra la empresa con nuestros salarios». La connivencia de UGT, CCOO y USO con la multinacional Bridgestone es cada vez más patente. Ante un problema que surgió en la planta de Cantabria, que anunciaron el despido de 259 trabajadores, los empleados protestaron e increparon ante un acto público al presidente de la comunidad autonómica de Cantabria, Miguel Angel Revilla, pero al día siguiente los responsables de CCOO y UGT «pidieron públicamente perdón a Revilla, quien les contestó que es un comité de diez. Está claro quién manda y son éstos los que negocian a nuestras espaldas en favor de la multinacional, no de los trabajadores. Nos hacen pagar la crisis a nosotros, no a quienes se están forrando».

En Doistua, que se dedicada a la estampación de arandelas para automoción, después de dos expedientes, rechazaron el tercero «y estamos a la espera del recurso», explicó Luis Mari Barrena, delegado de LAB. La empresa cuenta con 60 empleados, pero en junio del año pasado llevó adelante nueve despidos, lo que provocó protestas. Los despidos fueron recurridos por LAB y fueron declarados improcedentes.

Todos los responsables sindicales denunciaron la falta de implicación de los ayuntamientos y la Diputación de Bizkaia en favor de los trabajadores.