El modelo español de transición es sinónimo de impunidad. Ese modelo ha convalidado el pasado de políticos franquistas, rehabilitándolos para ejercer en «democracia». La modélica transición no ha hecho otra cosa que consagrar lugares públicos y efemérides a los «caídos por Dios y por España», en vez de desmantelarlos. Lo que sí desmantelaron los pactos es el legado de la II República, permitiendo la continuidad de instituciones fundamentales surgidas de la dictadura. ¿Acaso la Audiencia Nacional no es un producto transgénico surgido a partir de un organismo modificado genéticamente, como es el Tribunal de Orden Público?

La transición basada en la impunidad es la responsable directa de que a toda una generación se le haya impuesto una historia y un credo oficial plagados de ignominia, exaltando siempre al bando vencedor. Esa ejemplar transición ha propiciado la existencia de una corriente negacionista que se difunde con toda normalidad en una cadena de televisión y en un periódico.

Garzón no es víctima de un complot. La querella contra el magistrado está promovida por los colectivos ultraderechistas Manos Limpias, Libertad e Identidad y el partido Falange Española. Gracias a la Ley 46/1977, de Amnistía, los fascistas pueden campar a sus anchas y llevar y sentar en el banquillo a un lehendakari o a un superjuez.

¿Qué tienen que decir quienes apoyan al «hombre que veía amanecer» sobre los macrosumarios incoados en la Audiencia Nacional? Lo digo porque el titular del Juzgado número 5 de ese tribunal ha sido el principal promotor de la teoría de ampliación del círculo de imputaciones ad infinitum. Fiat iustitia, pereat mundus.