Creer al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba en cualquiera de sus afirmaciones relativas al conflicto político que sufre Euskal Herria ya sólo se puede entender como una cuestión de fe, de mala fe. En sus comparecencias después de cada redada policial, el titular español de Interior está llevando al paroxismo la falta de respeto a los principios en los que se basa un Estado de Derecho. Y para constatarlo basta con leer al día siguiente los titulares con los que los medios españoles y algunas cabeceras vascas se hacen eco de esos ataques al propio Estado de Derecho. La semana pasada, Rubalcaba habló por partida doble sobre la operación en la que fueron detenidos once ciudadanos vascos: el miércoles dijo estar «superseguro, hiperseguro», de que los diez primeros arrestados eran culpables, entre otras cosas, de ser «comisarios políticos de ETA»; el jueves, acusó al detenido en Hendaia de ser «el responsable del departamento del aparato político de ETA dedicado al apoyo a los presos».

Tras lanzar semejante «impulso político» -lo hizo cuando hasta las actuaciones de la Guardia Civil «de- bían» estar bajo secreto sumarial-, esperaría que ni el juez instructor de Madrid ni el de París pondrían en tela de juicio ni una coma de su versión. También gran parte de la ciudadanía vasca esperaría -con sensaciones contrarias a las del ministro- que todo transcurriera según el guión escrito por Rubalcaba. No fue así. En París, David Pla quedó en libertad; en Madrid, Erramun Landa, José Luis Gallastegi, Joxe Domingo Aizpurua, Juan Mari Jauregi y Asier Etxabe también lograron escapar de la red tejida por el ministro. Pero Grande-Marlaska optó por «limpiar» la imagen de Rubalcaba enviando a prisión a Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Iker Sarriegi, Naia Zuriarrain y Saioa Agirre.

Con todo, cada día que pasa Rubalcaba da muestras de ser un ministro muy poco seguro de lo que hace y, esto sí es seguro, en Euskal Herria cada día son menos los que creen lo que dice.