Tras la última operación policial
Marlaska encarcela a cinco de las once personas a las que Rubalcaba vinculó con ETA
Erramun Landa, José Luis Gallastegi, David Pla y Joxe Domingo Aizpurua han podido volver a Euskal Herria pese a ser señalados como miembros de ETA, en el último caso de modo destacado, por el ministro del Interior español. Otro tanto ocurrirá con Juan Mari Jauregi y Asier Etxabe cuando abonen sendas fianzas. Jon Enparantza, Arantza Zulueta, Iker Sarriegi, Saioa Agirre y Naia Zuriarrain, por contra, irán a prisión.
GARA | IRUÑEA
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska terminó de deshojar la margarita sobre el destino de los diez detenidos por la Guardia Civil el miércoles bajo graves acusaciones a las 23.00 de ayer. Después de cinco días de incomunicación y de una jornada entera de declaraciones de las que no trascendió nada -tampoco la situación en que se encontraban los arrestados tras el paso por los calabozos-, aceptó el criterio de la Fiscalía, que pidió cárcel contra cinco personas.
Se trata de los abogados Jon Enparantza, Arantza Zulueta e Iker Sarriegi, que habían sido señalados de modo muy directo por Alfredo Pérez Rubalcaba, así como de Naia Zuriarrain y Saioa Agirre.
En el caso de Juan Mari Jauregi, Asier Etxabe, Erramun Landa y José Luis Gallastegi, la Fiscalía planteaba mantener una imputación, bien de «pertenencia» o de «colaboración», pero sin reclamar su ingreso en prisión. Al primero se le ha impuesto una fianza de 30.000 euros; y al segundo, de 12.000.
La operación se había ido desinflando horas antes si se compara con las expectativas recreadas por el Ministerio del Inte- rior en los días precedentes. Para el mediodía habían quedado libres tres de los detenidos en esta redada: Erramun Landa y José Luis Gallastegi en Madrid, y David Pla en París.
En ninguno de los tres casos aparecieron pruebas sólidas de las imputaciones de la Guardia Civil. Así las cosas, la Fiscalía de la Audiencia Nacional anticipó que no veía obstáculos y Grande-Marlaska determinó su liberación inmediata, después de haber pasado cinco días en los calabozos.
Sin acusación sobre Pla
En cuanto a Pla, al parecer ni siquiera fue llevado al tribunal, sino que la misma Policía francesa determinó su puesta en libertad, según explicó el movimiento pro-amnistía. Ya el do- mingo, ``El Correo'' anticipaba que las autoridades francesas no veían materia suficiente para actuar contra este joven de Iruñea que reside en Hendaia en la actualidad.
El y todos los detenidos hacen una vida totalmente normal, y en la mayoría de los casos muy pública por su ocupación como abogados o profesores. El diario ``El País'' añadía ayer en su web el dato de que Pla era vigilado hacía meses por la Policía española, sin que al parecer descubriera ningún tipo de actuación ilegal. Pese a ello, este medio anticipa una hipótesis según la cual la Guardia Civil se había precipitado en su captura por la descoordinación con la Policía española.
Ya entrada la noche, se constataba que también podría volver a casa Joxe Domingo Aizpurua, sobre cuya detención ya había muchas dudas por un motivo objetivo: salió de prisión hace apenas cuatro meses. El fiscal esgrimió que nunca se le podía imputar un delito de «pertenencia» cuando ya ha cumplido condena en el Estado francés por la acusación análoga de «asociación de malhechores» en fechas bien recientes. Pese a esta evidencia, y a pesar de hallarse enfermo, fue detenido también por la Guardia Civil.
El fiscal, Luis Barroso, pidió igualmente libertad bajo fianza para Juan Mari Jauregi y Asier Etxabe, y prisión para Enparantza, Zulueta, Sarriegi, Zuriarrain y Agirre. Todos ellos fueron declarando durante el día, en todos los casos con abogados de oficio, después de haber agotado la fase de incomunicación completa.
El desenlace de la redada no cambió algunas opiniones políticas. Así, el presidente del PP en la CAV, Antonio Basagoiti, se quejó anoche de que «no es bueno que aquella gente que forma parte de esta banda terrorista campe a sus anchas, bien sea en Francia, bien sea en Venezuela, o bien sea en España».
Antonio Basagoiti admitió sobre el caso de Pla que «la decisión habrá sido seguramente fundamentada en derecho», pero añadió acto seguido que «la mejor decisión desde el punto de vista político habría sido que esté en la cárcel, porque es el lugar donde deben estar aquellos que supuestamente justifican el terrorismo hasta que lleguen a juicio».
Llamada a Urkullu
El Ministerio de Interior no dio ninguna explicación sobre la liberación de seis de los detenidos. Pero sí se filtró paralelamente, por contra, que tanto Rubalcaba como el consejero de Interior de Lakua, Rodolfo Ares, habían comunicado al presidente del PNV, Iñigo Urkullu, que la Guardia Civil había intervenido supuestas comunicaciones entre un detenido y miembros de ETA en las que se aludía a su persona.
En concreto, según anticipó ``El Mundo'', las FSE dicen haber hallado una carta en la que se afirmaría «imaginaos que tocamos a Urkullu, tendría más repercusión que lo de Uria», dos semanas del atentado que costó la vida al empresario de Azpeitia Inazio Uria.
Antes, en su primera comparecencia sobre este caso, Rubalcaba había acusado a los detenidos de pasar información a ETA sobre presuntos objetivos, pero únicamente detalló uno: «El ministro del Interior». O sea, él mismo.
A la noche, cuando pudieron comunicar con los arrestados en los calabozos de la Audiencia Nacional, los abogados tuvieron conocimiento de los malos tratos sufridos por algunos de los diez detenidos en manos de la Guardia Civil.
Como ha ocurrido otras veces con este juez, Fernando Grande-Marlaska expulsó a los abogados de confianza de los detenidos de la planta de la Audiencia Nacional en que se realizaban las tomas de declaración, en la que sólo hubo letrados de oficio.
Otro tanto ocurrió en la calle a media tarde. Después de llevar todo el día ante la Audiencia Nacional esperando noticias, los familiares y amigos desplazados desde Euskal Herria fueron expulsados por la Policía española con malos modos.
El ministro del Interior español no había escatimado acusaciones contra todos los detenidos. Llamó la atención el énfasis que utilizó el miércoles para destacar que no tenían dudas de la culpabilidad de los diez detenidos: «Estamos superseguros, hiperseguros», declaró en una expresión poco habitual por su insistencia. Lo justificó asegurando que además de los elementos previos durante los registros se habían logrado «muchas pruebas adicionales, se ha encontrado mucha información».
Rubalcaba definió a estos diez arrestados como «un entramado». Sobre los abogados dijo que «eran enviados de ETA», y acusó al resto -incluidos los dos liberados ayer en Madrid- de facilitar contactos con la organización armada.
Con la posterior detención de David Pla, el Ministerio del Interior elevó aún más el tono de las acusaciones. En la nota oficial emitida el viernes y que todavía puede verse en su página web, se explica que Pla es, «de acuerdo con las investigaciones, el responsable del departamento del aparato político de ETA dedicado al apoyo a los presos (...) Los investigadores policiales consideran que Pla Martín tendrá actualmente un papel importante dentro de la estructura política de los terroristas, en cuanto a sus posibilidades de relacionarse con las organizaciones de su entorno».
«Es uno de los hombres fuertes del aparato político», recalcó Alfredo Pérez Rubalcaba el viernes, durante una visita a un cuartel de la Guardia Civil en Madrid.
El domingo, día en que algunos medios informaron de que las autoridades francesas albergaban dudas sobre las tesis españolas, se constató ya que el ministro ponía mucho menos énfasis en este tipo de acusaciones. Rubalcaba ya no citó a David Pla para nada y se limitó a indicar que los abogados detenidos en Euskal Herria «hacían cosas fuera de la lógica». GARA
Precisamente ayer se conoció que el Tribunal de Estrasburgo está tramitando una denuncia de un ciudadano vasco detenido por una falsa acusación. Se trata de José Francisco Lizaso. Quedó libre sin cargos tras ser detenido en 1994 y acusado por el entonces gobernador civil de Gipuzkoa, José María Gurruchaga, de pertenecer a un comando de ETA y haber intervenido en tres atentados mortales.
En 1999, la Audiencia de Donostia dio la razón a Lizaso y condenó a Gurruchaga a pagarle una indemnización de 30.000 euros. Sin embargo, después esta sentencia fue revocada y el Tribunal Constitucional español determinó que no se había producido una intromisión ilegítima al honor ni una vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
Lizaso decidió llevar el tema hasta los tribunales europeos. Ahora, cuando ya han pasado dieciseis años desde aquellos hechos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha preguntado al Gobierno español si considera que aquellas declaraciones -también de un responsable nombrado por el PSOE- constituyeron un atentado contra la presunción de inocencia.
Las partes deberán responder al Tribunal de Estrasburgo en las próximas semanas. Y entonces se decidirá si se admite o no a trámite.
En sus declaraciones, el entonces gobernador implicó a Lizaso y a otro detenido en las muertes de un trabajador de Telefónica en Orereta, un guardia civil retirado en Andoain y otro en activo en Oiartzun. GARA
David Pla fue puesto en la calle por los agentes policiales en París sin explicaciones. Fue él mismo quien telefoneó a sus allegados para dar cuenta de la noticia; les dijo que estaba comiendo un bocadillo y que buscaría el modo de volver a casa.
