La izquierda abertzale de Tolosa compareció ayer a la tarde para valorar la sentencia del TSJPV e incidir en que, como dijeron desde el principio -allá por 2006-, el Plan de Voith-Gorostidi «es el mayor escándalo urbanístico acaecido jamás» en la localidad, y el fallo judicial lo confirma y refuerza sus tesis. La resolución se refiere al acuerdo de la Diputación guipuzcoana del 30 de enero de 2007, que refrendó los cambios en las NNSS.

A pesar de las duras críticas que ha recibido la izquierda independentista por su oposición al proyecto, especialmente las del alcalde, su análisis de la operación ha sido admitido por el TSJPV, como antes -recordaron- lo fue por parte de los técnicos del Consistorio y de la Diputación. En julio de 2006, los técnicos forales advirtieron en un informe que el plan que se pretendía aprobar era ilegal, «y sin embargo -denunciaron- tanto el Ayuntamiento como la Diputación tuvieron el descaro de seguir adelante». Este personal, apuntaron, fue «apartado» y contratados otros para que avalaran la operación ahora declarada nula por el tribunal.

A pesar de que en su recurso expusieron diez argumentos, al TSJPV sólo le ha hecho falta uno para dictaminar la ilegalidad del plan, aquél que se refiere al exceso de edificabilidad y que permitió construir 700 viviendas en vez de 450. «Hay que tener en cuenta que el plan supera la edificabilidad legal en un 56%; es decir, del 2,3% establecido por ley al 3,6% previsto en el plan», explicaron en la comparecencia.

En los fundamentos de derecho de la sentencia se apunta a que no se ha entrado a analizar aspectos como la insuficiencia de equipamientos y espacios libres, pues «se ha de producir una rebaja de edificabilidad muy importante, que obligará a revisar los equipamientos, el estudio económico-financiero, etc, con lo que de procederse a modificar las Normas Subsidiarias serán muy diferentes a las aquí declaradas nulas».

Ante lo rotundo de la sentencia, la izquierda abertzale estima que «es evidente que el Plan General aprobado definitivamente en 2009 reproduce los errores del plan declarado ilegal y que, por tanto, es también ilegal en cuanto a las disposiciones relativas al área de Voith-Gorostidi».

«Lo ocurrido no es fruto de un mal funcionamiento de las instituciones o de la administración, sino el resultado del despotismo, la arrogancia y la prepotencia de ciertos responsables políticos que creen estar por encima de todo y están acostumbrados a manejar las instituciones a su antojo», declararon. Advirtieron de que están estudiando la posibilidad de presentar una demanda penal «por prevaricación» contra quienes adoptaron «decisiones ilegales a sabiendas».

A continuación se dirigieron al alcalde, Jokin Bildarratz (PNV), para recordarle la pregunta que le hicieron cuando comenzó todo este asunto: «¿Si el Tribunal nos da la razón, está dispuesto a asumir las responsabilidades políticas que le corresponden? Esconder la cabeza bajo la tierra y dejar pasar el temporal, además de ser indigno, no será suficiente, porque el temporal no va a pasar sin más». En este caso, añadieron, la gravedad «es doble» por ser Bildarratz alcalde y presidente de Eudel, «y a partir de este momento carece de toda legitimidad para la actividad política».