La modificación del Código Penal español en lo relativo a los «manteros» llega un día después de que fuesen entregadas en el Congreso español un total de 20.906 firmas bajo el lema «Sobrevivir no es delito», tras la campaña impulsada por organizaciones de juristas, artistas e inmigrantes para pedir que el «top manta» sea sacado del Código Penal y se apliquen infracciones administrativas «más proporcionadas».

Desde esta red de apoyo a los «manteros», en la que está integrada la plataforma Mbolo Moy Dole y diversas oficinas de derechos sociales, se advertía que, aunque se modificase el Código Penal para que esta venta no fuese un delito, tal y como proponía el PSOE, no se garantizaba que sus autores no ingresaran en prisión.

«Si no pueden pagar la pena de multa, lo que ocurre en la mayoría de los casos, se transforma en una pena de prisión», declaró la abogada Margarita Martínez, al tiempo que denunció que «la Justicia muerde a los descalzos» y que sanciona de forma más grave a los vendedores ilegales de CD que a quien defrauda 120.000 euros a Hacienda.

Por su parte, la actriz Nathalie Seseña declaró que «la defensa de la propiedad intelectual no puede estar por encima del derecho de supervivencia».

«La manta no es nuestro sueño. Vendemos para sobrevivir y pagar el alquiler, somos sin papeles y no tenemos posibilidad de trabajar», añadió Omar Sylla, un joven senegalés que lleva cuatro años viviendo en el Estado español.

Denuncia en Gasteiz

Por otro lado, la Coordinadora de Inmigrantes y Refugiados de Araba (KIRA), ha denunciado varias actuaciones de la Policía Local de Gasteiz y de la Ertzaintza, en esta misma ciudad, contra personas inmigrantes para aplicarles las llamadas «expulsiones express». También considera que se trata de una «cacería de brujas» y una «clara violación de los derechos humanos».

Además, entiende que estas prácticas policiales suponen una «grave violación» del código comunitario de la Unión Europea y denuncia que se considere «el tema de la inmigración como un problema y la situación de irregularidad como un delito, lo que genera subliminalmente una serie de estereotipos, incentivando la discriminación, la xenofobia y el racismo».