El Gobierno de Nafarroa está contra las cuerdas. Se ha quedado más solo que nunca en su obcecación por impedir las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en Nafarroa y tiene ahora tres frentes abiertos. Por un lado, ginecólogos y enfermeras han echado por tierra la tesis de que en Nafarroa no se hacen abortos porque ningún sanitario quiere. Por otro, el Parlamento le ha dado la espalda y se tramita en la propia Cámara una ley similar a la de Madrid, que el presidente Miguel Sanz pretende recurrir por una supuesta invasión de las competencias de Nafarroa en materia de Salud. Y parece que hasta la tecnología se ha puesto en contra, ya que avances farmacéuticos permiten ahora solucionar el 80% de los IVE sin tener que pasar por quirófano.

¿Por qué no hay IVE en Nafarroa?

Porque Osasunbidea no ha puesto medios y las peticiones no se tramitan. Después de que en 1987 se realizara el último IVE en Nafarroa, el equipo médico que fue sometido al escarnio público y amenazado con los tribunales exigió al Gobierno de Nafarroa garantías y medios para poder continuar con su trabajo. A día de hoy, todavía no les han respondido. No hay quirófanos, no hay medicinas y no hay equipo médico.

Actualmente, cuando una mujer acude a un centro de Atención a la Mujer, el educador le deriva al ginecólogo, le ofrece información y le entrega teléfonos de clínicas privadas de Donostia o Zaragoza (Osasunbidea sólo costea los casos de malformación o riesgo para la salud física de la madre, un 7%). Es falso, por tanto, que la ausencia de casos «se deba a una objeción de conciencia, ya que se objeta para cada caso en particular», explica la especialista Mari Cruz Landa. Sin embargo, al no tramitarse las peticiones, basta con que la consejera de Salud o algún portavoz gubernamental declare públicamente cada cierto tiempo que en Nafarroa todos los médicos objetan para que no se produzca ningún avance.

Hay que remarcar que en Nafarroa no se practica el aborto en ningún caso, ni siquiera ante un feto con malformaciones tan graves que le impidan sobrevivir y cuyo desarrollo en el vientre ponga en grave peligro la vida de la madre. Tampoco existen clínicas privadas en el herrialde

¿Qué supone la reforma legal estatal?

La Ley del Aborto renovada en el Congreso de los Diputados recientemente recoge esta práctica no como un delito despenalizado en tres supuestos, sino como un derecho de la mujer a tener el control sobre su salud sexual y reproductiva. «Las mujeres ya no tenemos que estar locas para que se nos realice un IVE», explica irónicamente la ginecó- loga Elisa Sesma, la médico que practicó el primer aborto en Nafarroa, en alusión al supuesto mediante el cual se practicaban la gran mayoría de los abortos en el Estado (riesgo para la salud mental de la mujer, que requiere la firma de un siquiatra).

Esto elimina definitivamente la tutela de médicos y jueces que la anterior ley imponía y, consecuentemente, elimina la inseguridad y las incertidumbres legales de la anterior normativa. Además, contiene dos direc- trices muy importantes: incluye esta práctica médica como una prestación más del sistema sanitario público y garantiza su aplicación en todos los territorios. Asimismo, regula la objeción de conciencia.

Un paso adelante, aunque al revés

Once ginecólogos han dado un paso al frente y han vuelto a manifestar que ellos no hacen objeción de conciencia. Su escrito arranca con una pregunta: «¿Somos objetores los médicos o algunos políticos pretenden hacer desobediencia civil escudándose en nosotros?». Ya dijeron algo así en 2004, pero el Gobierno hizo oídos sordos.

El Ejecutivo trata de excusarse cargando la responsabilidad hacia otros sanitarios. UPN, por boca del parlamentario Sergio Sayas, ha esgrimido que la objeción de conciencia afecta también a «otros profesionales necesarios para practicar abortos, personal de enfermería, personal de anestesia...». Pero el Colegio de Enfermería manifestó que esas declaraciones son «desafortunadas» y que no se les puede culpar a ellos, dado que nunca se han pronunciado.

Las enfermeras han dado los primeros pasos para elaborar un censo con quiénes están dispuestos a participar en IVE y quiénes no. En realidad, esto ya lo regula la nueva ley estatal, que remarca que los profesionales no tienen que manifestarse favorables a la intervención, sino al revés, son los que quieren objetar los que deben hacerlo público, por escrito y antes de que se les deriven las intervenciones. Por su parte, la presidenta del Colegio de Médicos de Nafarroa, María Teresa Fortún, ha afirmado que no ve «necesario» llevar a cabo un censo de objetores.

Recurso de inconstitucionalidad

El Ejecutivo navarro teme la entrada en vigor de esa nueva ley del aborto y trata de frenar su aplicación en el herrialde. Ha presentado un recurso de inconstitucionalidad, ya que supuestamente invade sus competencias en materia sanitaria. La postura no deja de ser paradójica, puesto que Nafarroa no es autónoma en este asunto, al derivar las intervenciones a Gipuzkoa y Aragón.

Mientras tanto, NaBai, IUN y PSN tramitan en el Parlamento de Iruñea una ley que garantice el derecho al aborto en Nafarroa, y cuentan con mayoría suficiente. Por ello, aun en el caso de que el recurso del Gobierno navarro llegara a buen término, la sentencia carecería de sentido.

Evolución tecnológica, pros y contras

Las ginecólogas Sesma y Landa coinciden en subrayar que, además de los movimientos que han protagonizado responsables de la Salud y los avances de la nueva ley, la ciencia médica ha conseguido avances revolucionarios. El cambio fundamental es un tratamiento farmacológico conocido por las siglas RU (Mifepristona o RU-486). «Con la RU, una medicación puede ser recetada por un ginecólogo, la mujer toma las pastillas y la interrupción del embarazo se produce en casa. Sólo necesita supervisión periódica en el centro de atención».

Con esta medicación se resuelven actualmente el 80% de las IVE, aunque sólo es eficaz para las primeras cinco semanas. Es decir, en Nafarroa podrían comenzar a prac- ticarse IVE mañana mismo y cuatro de cada cinco casos podrían ser resueltos aun en el hipotético caso de que todos los anestesistas y todas las enfermeras objetaran.

No obstante, según comenta Landa, la utilización de la RU se ha debatido intensamente entre los médicos no objetores que han dado un paso adelante. «Reclamamos una solución real y global. Pensamos que no se puede recetar la RU si seguimos sin un quirófano, porque de surgir alguna complicación, no contaríamos con medios para resolverla, y porque seríamos incapaces de actuar sobre un embarazo de más semanas», explica. «Hace más de dos décadas que ningún cirujano de Osasunbidea practica una intervención así. La cirugía del IVE se ha modernizado y tenemos que reciclarnos. Honestamente, a día de hoy ninguno de nosotros está capacitado para afrontar un caso de malformaciones en un embarazo avanzado», explica Landa. Según esta ginecóloga, la implementación de la RU, la dotación de medios y la capacitación de los médicos requieren justo de lo que no ha habido nunca en el herrialde: «Voluntad política».