Su prestigio internacional era el clavo ardiendo que le quedaba para agarrarse y lo ha hecho. Hace menos de un mes, un periódico de los que participa en la campaña de apoyo aseguraba que había dicho: «Ahora, y así, no me puedo ir». Y el firmante de la crónica laudatoria lo explicaba: «muchos interpretarían que huye y él es de los de un paso atrás ni para tomar impulso».

Pues el paso atrás está dado y el impulso le va a ser necesario para volar muy lejos y estar en el aire al menos siete meses. Pasado ese tiempo habrá que ver dónde y cómo cae.

El juez Baltasar Garzón, acorralado por el Tribunal Supremo, que lleva adelante simultáneamente nada menos que tres causas por prevaricación, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial un permiso de «servicios especiales» para incorporarse de inmediato al Tribunal Penal Internacional como asesor externo de la Fiscalía. La Comisión Permanente del CGPJ estudiará hoy la solicitud.

Garzón está imputado por prevaricación y cohecho ante el Supremo por su instrucción de las demandas por los crímenes del franquismo, por sus relaciones con el Banco Santander en la financiación de unos cursos en Nueva York y por haber ordenado la grabación de las conversaciones de los abogados con los implicados en la «trama Gürtel» sin que existieran acusaciones contra los letrados que las justificaran. Un botón de muestra de su forma de instruir, criticada por muchos juristas de prestigio, pero de gran utilidad para los gobiernos de turno en la lucha contra el independentismo vasco.

Con esas acusaciones en su contra, es muy probable que acabe sentado en el banquillo. Pero todo indicaba que antes, seguramente este mismo mes, el CGPJ lo suspendería en sus actividades como juez, una vez que se decidiera la apertura de juicio oral por el primero de los casos.

Si recibe permiso para poder marcharse a La Haya, Garzón no perderá ni la plaza en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ni el aforamiento por el que sólo puede ser juzgado por el Tribunal Supremo. Pero sí podría evitar ser suspendido.

La suspensión es una medida cautelar cuya función es que un juez que está procesado -en este caso, además, por un mal ejercicio de sus funciones- siga en su cargo mientras dura el proceso. Si Garzón consigue marcharse al Tribunal Penal Internacional, esa medida cautelar ya no tendría sentido.

Dentro de siete meses, si optara por volver a su puesto -lo que fuentes cercanas al juez no dan por hecho- y todavía se mantuviera su situación procesal, entonces sí sería suspendido. Pero, durante ese periodo, tanto las causas abiertas como el contexto general pueden cambiar mucho. Es más, es posible que entonces Garzón ya no piense siquiera en volver.

Rescate argentino

La posibilidad de dejar la Audiencia Nacional se le reabrió al juez cuando hace unos días, el 6 de mayo, el fiscal del Tribunal Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, le invitó a unirse a él como asesor externo por un periodo inicial de siete meses. Dice querer aprovechar la dilatada experiencia del magistrado en la investigación de crímenes organizados y masivos. Así, se encargaría de asesorar a la Corte Internacional parar mejorar sus técnicas de investigación.

Se da la circunstancia de que en su día Baltasar Garzón optó al puesto que finalmente acabó ocupando Moreno. Sin cuestionar la capacidad y méritos del fiscal argentino, la no elección de Garzón se atribuyó al poco entusiasmo que el Gobierno de José María Aznar había puesto en mover los hilos internacionales que siempre han de tocarse en estos casos.

De todas formas, Moreno no ha ocultado su admiración por Garzón y el cable que le echa en estos momentos da fe de ello. En una entrevista publicada en noviembre, el primero destacaba del segundo que «abrió el primer gran caso de justicia universal. Tiene el prestigio mundial de haber requerido la extradición de Pinochet. Fue un caso fundamental para el fin de la impunidad. Es un hombre que intenta ponerle límites al poder, y eso siempre es duro». Más adelante decía: «Eso es lo que le pasa a Garzón. Se metió en muchos temas duros. Un fiscal, un juez, no tiene amigos. Termina siempre solo. Pero el mundo necesita esos jueces y fiscales, y que la ley se aplique también contra los poderosos». Ésa es la imagen que se ha forjado Garzón y que tiene gran peso en Argentina, Chile y otros países sudamericanos.

La Haya, Congo, Uganda...

Según informan las agencias, durante este periodo de siete meses, el magistrado tendrá su despacho en La Haya (Holanda), aunque podría desplazarse eventualmente a Congo, Uganda o Colombia, donde el Tribunal Penal Internacional tiene causas abiertas por crímenes contra la humanidad.

La creación del TPI se aprobó en 1998 y comenzó a funcionar el 2 de julio de 2002, después de que fuera reconocido por 60 estados. Está formado por 18 jueces, la Fiscalía dirigida por Moreno Ocampo y especialistas en Derecho Internacional y Penal.

Si el CGPJ da hoy su consentimiento, a partir de ahora el TPI contará también con un asesor que en su país estará siendo procesado por prevaricación.