Se calcula que cada año más de 700 mujeres navarras deben salir fuera del herrialde para ejercitar su derecho a interrumpir su embarazo. Es decir, que cada día del año hay dos mujeres que deben añadir un plus de sufrimiento innecesario -los trámites, el viaje, la falta de apoyo cercano, la sensación de desprecio- a una situación que ya de por sí resulta muy delicada de afrontar, tanto en el aspecto físico como en el emocional.

Hoy mismo habrá dos personas que tengan que pasar por ese trance que la mayoría social y política en Nafarroa, desde hace muchos años, considera como un mal trago añadido inaceptable. Las justificaciones a este veto histórico que aporte hoy Miguel Sanz en el Parlamento supondrán otra gota amarga más a su experiencia. Pero tampoco las posiciones contrarias aliviarán un ápice el trance.

La reforma de la Ley del Aborto a nivel estatal ha hecho rebrotar debates e iniciativas que se vienen repitiendo como una letanía desde los años 80. La mayoría política se declara dispuesta a forzar fórmulas legales. Una parte de los profesionales sanitarios asegura estar dispuesta a practicar abortos. Y una gran parte de la sociedad, a respaldarles. No hay razones aparentes, por tanto, para que UPN y el Opus Dei sigan imponiendo sus retrógrados tabúes ideológicos ni un día más. Ni a dos mujeres más.