El régimen egipcio tenía previsto prorrogar por dos años más el estado de excepción, vigente en el país desde el atentado islamista mortal contra el entonces presidente Anuar el-Sadat, ocurrido hace casi treinta años.

El primer ministro, Ahmed Nazif, presentó la propuesta para su votación en el Parlamento, dominado por el PND del «nuevo faraón» egipcio, Hosni Mubarak.

La prórroga del estado de excepción coincide con un año electoral, en el que se procederá a la renovación parcial de la Cámara Alta (Shura) en junio, habrá comicios legislativos en otoño y presidenciales el próximo año. Mubarak, que fue operado de urgencia en marzo, no ha anunciado si se presenta a la reelección, pero todas las quinielas apuntan a que será sucedido por su hijo.

La oposición salió a la calle ayer y protestó ante la sede del Parlamento.

Las críticas también llegan desde fuera. La organización no gubernamental Human Rights Watch ha apelado al régimen egipcio a derogar «esta ley draconiana». El Cairo recibió duras críticas el pasado mes de febrero en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Esta legislación da amplios poderes a la Policía en materia de detenciones y permite la constitución de tribunales de excepción.

Las razzias contra los partidos políticos son algo habitual en Egipto.