Amnistía Internacional (AI) informó de que los migrantes en situación irregular sufren discriminación, xenofobia, abusos por parte de funcionarios públicos, ataques de traficantes de personas y secuestros, sin que el Estado mexicano adopte medidas para evitar esas agresiones.

En su informe «Víctimas invisibles, migrantes en movimiento en México», AI señala que en pocos casos queda constancia oficial de las agresiones contra los migrantes, y prácticamente ninguno de quienes los atacan llega a ser procesado y juzgado. Menciona muertes y detenciones, secuestros, amenazas y agresiones a los «sin papeles», que son víctimas de un uso de «fuerza excesiva en su contra» y de robos y extorsiones.

De acuerdo con el organismo internacional, en su paso por México todos los migrantes «sin papeles» corren peligro de sufrir abusos, «pero las mujeres, los niños y las niñas -principalmente los que no van acompañados- son especialmente vulnerables. Corren grave peligro de ser objeto de trata de personas y de sufrir agresiones sexuales de delincuentes, otros migrantes y funcionarios corruptos», advierte.

En base a los cálculos realizados por organizaciones de derechos humanos y expertos en la materia, hasta seis de cada diez mujeres y niñas migrantes sufren violencia sexual durante el viaje.

Al presentar el informe en el Distrito Federal, Rupert Knox, investigador sobre México de Amnistía Internacional, afirmó que si bien México no tiene una ley antiinmigrante como la recientemente aprobada en Arizona (EEUU), los abusos contra los migrantes centroamericanos representan un grave problema.

«No hay una ley discriminatoria en el país, pero en la práctica existe para muchos migrantes la actuación arbitraria de policías municipales y estatales, que no son sancionados, y eso se ha convertido en un problema muy grave. Exigimos que se analicen los dos lados de la moneda con mucha seriedad», sostuvo Knox.

Insistió en que hay abusos de poder por parte de agentes de Policía en las detenciones arbitrarias contra migrantes, que pueden concretarse en una extorsión o en que esas personas sean entregadas a bandas de delincuentes.

Afirmó que el Estado mexicano «no adopta medidas para evitar esos abusos, y cuando no sanciona a los responsables entonces sí hay una preocupación muy grave; por esa razón estamos publicando este informe, cuestionando a las autoridades para que asuman este asunto de manera muy seria».

En el documento se denuncia que en México a los migrantes «sin papeles» se les niega el acceso efectivo al sistema judicial, lo que les coloca en una situación de «mayor peligro de sufrir abusos».

Excluidos de la sociedad y sin la protección efectiva de la ley, se ven condenados a una vida marginal, vulnerables a la explotación de bandas de delincuentes y a los funcionarios corruptos, e ignorados en gran medida por las autoridades, que deberían protegerlos de los abusos contra los derechos humanos.

Por eso, exhorta al Gobierno mexicano a proteger mejor a los miles de migrantes que cruzan su país cada año y a no quedarse sólo en pedir la anulación de la ley que les criminaliza en Arizona, como ha hecho.

Estados peligrosos

AI considera para su análisis el informe especial que en 2009 publicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para documentar la alarmante cantidad de secuestros de migrantes por bandas delictivas, y los abusos relacionados con ellos, especialmente en los estados que incluyen las rutas de los trenes de carga utilizados por los centroamericanos para su traslado, como Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

Advierte de que aunque el Gobierno mexicano promueva activamente el respeto a los derechos de esas personas, haya ratificado prácticamente los principales tratados de derechos humanos y reconocido que los centroamericanos que utilizan su territorio como paso para llegar a EEUU deben gozar de esas garantías, las investigaciones del organismo indican que los abusos siguen.

Los «sin papeles» siguen teniendo baja prioridad para muchas autoridades estatales y federales, especialmente si no hay indicios claros de la implicación directa de funcionarios. No obstante, en muchos casos, que a primera vista parecen obra exclusiva de bandas delictivas, existen indicios de que hay funcionarios implicados en cierto grado, ya sea directamente o mediante su complicidad o aquiescencia.

El informe de AI se centra en la falta de medidas del Estado mexicano para garantizar la prevención, detección, investigación, sanción y reparación efectiva de esos abusos; una falta de medidas que da lugar a un clima de desatención e impunidad.

Recuerda que en 2009 un total de 64.061 «sin papeles» fueron detenidos por el Instituto Nacional de Migración, de los cuales el 94,2% procedía de Centroamérica. El 93,8% fue deportado o repatriado voluntariamente y sólo un 4,4% tuvo la posibilidad de regularizar su situación.

El informe contiene una serie de recomendaciones para las autoridades estatales y federales en busca de respeto y protección para los derechos de los migrantes centroame- ricanos en situación irregular en México.