Dos situaciones en principio inconexas han llevado esta semana al Estado español a las páginas de la prensa internacional. La primera de ellas es el anuncio del plan de ajuste económico propuesto por el FMI y por las instituciones europeas y asumido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Un plan de medidas similar al planteado para Grecia que tiene el objetivo de reducir el déficit público y evitar que el descalabro de la economía española arrastre a otros estados dentro del contexto europeo. Del mismo cabe destacar que no contiene ni una sola medida destinada a los responsables de la crisis, el sector financiero y los grandes empresarios, mientras que los paganos de la misma, los trabajadores y los sectores más desfavorecidos, tendrán que soportar recortes en una ya difícil coyuntura socioeconómica. En definitiva, el PSOE ha optado por generar mucho sufrimiento entre muchos en vez de incomodar a unos pocos. Ni siquiera se ha atrevido, ahora que tenía un «amigo» externo al que culpar, de subir los impuestos a las rentas altas y a los obscenos beneficios empresariales. No obstante, la tibia reacción de los sindicatos estatales y la postura numantina del PP muestran que quizá el cálculo político del PSOE no esté tan fuera de la realidad -española- como podría parecer, pese a lo que su posición es muy complicada. También hay que señalar que muchos expertos dudan que de que este plan pueda lograr su objetivo de reducir el déficit en términos reales y advierten de que podría producir además un estancamiento económico y un aún mayor desempleo.

El otro suceso que ha reflejado la prensa internacional es la suspensión del juez Baltasar Garzón como consecuencia de su imputación por prevaricación en el caso de los crímenes del franquismo. El que durante las dos últimas décadas fuera intérprete privilegiado de la «razón de estado» ha caído presa de la derecha española y de una interpretación de la ley abiertamente opuesta a la justicia. Una trampa legal en la que él, especialmente en relación al independentismo vasco, fue un auténtico experto. Paradójicamente, es posible que Garzón entienda ahora a qué se refería la izquierda abertzale cuando denunciaba que la transición no había supuesto una depuración en las estructuras del Estado y que sin ruptura el cambio sólo suponía la homologación del franquismo en el marco de la democracia formal. Si así fuera, Garzón pensaría lo mismo que la izquierda abertzale, lo cual, en contra de su doctrina de «todo es ETA», no le convierte en miembro de ETA.

Tal y como se ha señalado, podría parecer que se trata de dos sucesos sin conexión alguna. Pero no es así, ni mucho menos. Esta misma semana, antes de que se anunciasen el ajuste del Gobierno y la imputación de Garzón, el profesor Vicenç Navarro hacía la siguiente reflexión: «El gran retraso social que tiene España (que se demuestra en los indicadores tan bajos de gasto público social, entre otros indicadores), su enorme fraude fiscal (que deriva primordialmente de las rentas superiores), su bajísima carga fiscal, su escasa cultura democrática y muchos otros indicadores negativos se basan en el enorme poder que los vencedores de la Guerra Civil y sus descendientes tienen en España, y que se resisten a perder» («Los sarcasmos, insultos e incoherencias de Fernando Savater», artículo publicado en el diario digital «El Plural», 2010-5-10 ). Y éste es, precisamente, el punto en el que se encuentran estas dos historias: el sistema español está lastrado por una transición que, pese a haber sido presentada como modélica, en realidad privilegia el modelo social, político y cultural de la derecha heredera del franquismo. El jacobinismo del PSOE sólo ha logrado ahondar en ese modelo a cambio de poder gestionarlo en régimen de alternancia, nada más.

«The Basque Country is different»

Si los corresponsales extranjeros recurren al tópico de «Spain is different» para ilustrar estos hechos adornarán sus crónicas pero errarán en el análisis. Lo cierto es que lo realmente diferente en el Estado español es Euskal Herria. Aquí en este momento el debate social no es la necesidad o bondad de las medidas impuestas por el FMI, sino cuáles son las alternativas. La mayoría sindical vasca hace al menos un año que se puso en esa perspectiva con la huelga general del 21 de mayo. En Euskal Herria el debate no es Baltasar Garzón, sino las víctimas del franquismo y la recuperación de la memoria histórica; no para mirar al pasado, sino para construir un futuro distinto. Por eso el debate político consiste ahora en cómo llevar adelante un proceso democrático que posibilite un cambio real. El marco que salga de ese proceso tiene que posibilitar que todos los proyectos políticos puedan ser materializados, terminando con los privilegios impuestos por la transición española.

Y es que en Euskal Herria la dimensión política y la socioeconómica también van de la mano. Tal y como señalaba el documento «Zutik Euskal Herria», en este momento el cambio social es irrealizable sin cambio político. Y eso demuestra también que ante los escenarios que se están abriendo paso en el contexto europeo el cambio de ciclo resulta, además de necesario, urgente.