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Tribunal de los Pueblos: «La UE es cómplice de las agresiones transnacionales»

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que se ha reunido en Madrid, condenó ayer a la Unión Europea por su «complicidad en los delitos sociales, laborales y ecológicos» de las empresas transnacionales. Desde el pasado viernes este tribunal popular ha estudiado veintisiete casos documentados de «violaciones de derechos humanos» cometidos por multinacionales europeas en América Latina «con el apoyo de las instituciones y gobiernos de la UE».
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Juanjo BASTERRA |

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) falló ayer en Madrid, ante la celebración de la cumbre de jefes de estado de Europa, América Latina y Caribe, de «inmorales las conductas y prácticas políticas, económicas, financieras, productivas y judiciales del modelo neoliberal, fomentadas y desarrolladas por los estados más industrializados y las instituciones internacionales como el FMI, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones y la OMC».

Según expone la sentencia, utilizan como pretexto «promover» el crecimiento y desarrollo económico para combatir la pobreza y lograr el desarrollo sostenible, pero «son causa del aumento de las desigualdades entre una minoría de poderosos y una extraordinaria mayoría que padece las consecuencias negativas de la globalización y alientan y permiten la invisibilización jurídica de las empresas multinacionales».

El tribunal, que estuvo presidido por Perfecto Andrés Ibañez, magistrado del Tribunal Supremo español, denunció la actitud de las corporaciones multinacionales de origen europeo estudiadas desde 2006 (como BBVA, Calvo, British Tobacco, Telecom Italia y Unilever, entre otras) «por las graves, claras y persistentes violaciones de los principios, normas, convenios y pactos internacionales que protegen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas». Recuerda, asimismo, que el 50% de la actividad económica en América Latina de las transnacionales se produce por empresas de origen del Estado español. En 2010 se han incluido por infracciones a empresas como Telefónica, Pescanova, Canal de Isabel II, Aguas de Barcelona-Suez, Holcim, Hanes Brands, Louis Dreyfus Commodities, Agrenco y Continental.

También se ha analizado empresas como DuPont, Merck Sharp, Dohme, Sanofi-Aventis Novartis, Warner Lambert, Pfizer, Syngenta, Stora Enso, Banif-Santander, GoldCorp, Unión Fenosa, Acciona, Gamesa, Endesa e Iberdrola, Impreglio, Carbones del Cerrejón, Monterrico Metals, Repsol YPF, Perenco Group, Pluspetrol Resources, British Petroleum, Nestlé, Bayer y, entre otras, la Siderúrgica do Atlántico. El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) también denunció la actitiud de la UE «por su implicación, a través de las acciones y omisiones, en la promoción y el mantenimiento de este estado de cosas, que supone su complicidad en la generación de graves impactos negativos sobre la calidad de vida de numerosas comunidades en distintos lugares del mundo, en la privación de recursos básicos necesarios para una vida digna e incluido la comisión de gravísimas violaciones de los derechos humanos que cabe calificad de crímenes contra la humanidad».

Código de conducta

Además, culpa a la UE por el apoyo «incondicional» a las transnacionales a través de políticas que incrementan su poder relativo frente a los estados receptores y «refuerzan su impunidad, haciendo también a estos estados cómplices de las violaciones de derechos humanos que cometen». El TPP pide al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que elabore «un código de conducta obligatorio para las empresas multinacionales», que tenga en cuenta lo establecido por las normativas de la OIT, OCDE, ONU y códigos obligatorios de la década de los 70 de la ONU, «incorporando la responsabilidad de la empresa matriz por el comportamiento de sus filiales, proveedoras y subcontratistas, que consagre la subordinación de las multinacionales a la soberanía de los estados receptores».

Reitera la petición al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de que designe «un relator especial para que a la mayor brevedad presente un informe a la asamblea general que contenga la propuesta de acuñar el concepto de deuda ilegítima, social, ecológica e histórica». Entre otras reclamaciones solicita al FMI, Banco Mundial, BEI, OMC y a las instituciones financieras regionales «que asuman el compromiso de hacer efectiva de manera obligatoria y no discrecional, bajo control ciudadano, una política que respete prioritariamente el derecho internacional de los derechos humanos», a la vez que reclama que se tenga en cuenta el Protocolo de Kyoto.

Asimismo, el TPP exige la creación de un centro de empresas transnacionales que analice e inspección su comportamiento y pide a la Unión Europea que verifique las normas. También solicita que se denuncie a la Corte Penal Internacional a las transnacionales que vulneran los derechos de las personas y, a su vez, pide medidas cautelares como la supresión de proyectos que están previstos en territorio de los pueblos indígenas «que no hayan sido sometidos al consentimiento previo e informado de los mismos, hasta que se lleve de forma adecuada».

SUSPENSIÓN

Como medida cautelar pide la suspensión de los megaproyectos de Endesa-Enel en la Patagonia chilena; el de la represa en el río Sogamoso en Colombia, que impulsa la empresa Impreglio; el proyecto de minas de carbón de Unión Fenosa-Gas Natural en Guatemala; y la planta de acero en Río Janeiro de Thyssen-Krupp, entre otros.

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