El juez encargado del fraude de la Hacienda de Irun ha elevado a 2,15 millones de euros el dinero del que presuntamente se apropió José María Bravo en el auto de apertura de juicio oral por este caso, que fue notificado ayer a las partes y del que informó la agencia Efe. El juez deja fuera del proceso a dos de los hasta ahora seis imputados.

El auto, fechado el lunes, imputa al que fuera jefe de la oficina de la Hacienda de Irun, José María Bravo, el haber cometido nueve delitos: alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de funciones públicas, prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, y dos más por estafa. Acusa asimismo a su esposa, Rosa María Cobos, de alzamiento de bienes, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, delito este último por el que también inculpa al socio de Bravo, Pedro María Atristrain. También procesa al decorador José Lamy por un delito de cohecho, mientras que sobresee provisionalmente las actuaciones respecto a otras dos personas imputadas durante la instrucción: la funcionaria de Hacienda Pilar Gracenea y el responsable de la Unidad de Coordinación de Oficinas Tributarias, Juan Pardo San Gil.

Bravo fue detenido hace tres años en la gestoría que dirigía en Irun e ingresó en la prisión de Martutene -la juez le impuso una fianza de 400.000 euros- acusado de malversación de caudales y falsedad en documento. En el auto de prisión se afirmaba que Bravo, como director de la oficina de la Hacienda de Irun, recabó entre 1995 y 2004 «los nombres de contribuyentes que habían contraído deudas tributarias a fin de contactar con ellos, negociar la deuda y requerirles su pago, normalmente en cuantía inferior a la debida».