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Lakua negociará el plan de ajuste con el PP y aplicará la rebaja a los sueldos de junio
Aunque no lo vean hasta que reciban la nómina de julio, los empleados públicos afectados por la rebaja salarial del Gobierno de Lakua sufrirán sus efectos desde ya mismo, puesto que tendrá carácter retroactivo, para adecuarse a los ritmos marcados por Zapatero. Así lo anunció ayer la portavoz del Ejecutivo autonómico, Idoia Mendia, quien explicó también que van a negociar en primer lugar con sus socios del PP para sacar adelante su plan de ajuste.
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Los funcionarios, empleados de empresas públicas y demás afectados por el plan de ajuste del Gobierno de Lakua sufrirán el recorte de sus salarios a partir de este mismo mes, ya que, si bien la medida se aplicará en la nómina de julio, tendrá carácter retroactivo a fecha 1 de junio.
Así lo anunció ayer la portavoz del Ejecutivo, Idoia Mendia, quien explicó que el porcentaje de rebaja salarial que se aplicará en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa no está aún definido, porque, agregó, es una cuestión que quedará concretada en próximas fechas en una ley específica.
Según señaló, la media del recorte salarial podría rondar el 2% entre los funcionarios, siendo algo más alto en las escalas superiores. A partir de ahí, la rebaja iría ampliándose un punto porcentual en función del rango administrativo, de forma que podría ser, a grandes rasgos -porque no hubo más concreciones-, de un 4% para los directores, un 5% para los viceconsejeros, un 6% para los consejeros y un 7% para el lehendakari.
Mendia señaló que serán «especialmente cuidadosos» con el rango de director, ya que, apuntó, tras la congelación salarial de los últimos años cobra menos que un funcionario de nivel alto. En cualquier caso, un director del Ejecutivo cobra más de 70.000 euros anuales.
Patxi López indicó el pasado jueves en el Parlamento que, siguiendo las directrices de Zapatero, se propone un ahorro del 5% en la masa salarial del Gobierno -unos 87 millones de euros-, y lo que no recorte de los sueldos lo hará a través de amortización de plazas vacantes y reduciendo las contrataciones.
Buscará el apoyo del PP
A la hora de sacar adelante esa ley, el Gobierno de Patxi López buscará en primer lugar el respaldo de su socio preferencial, el PP, y Mendia expresó, a este respecto, su confianza en que la inclusión de los empleados de empresas públicas en el recorte salarial agrade al partido de Antonio Basagoiti y permita obtener su apoyo. La portavoz también adelantó que la ley será remitida con carácter urgente al Parlamento de Gasteiz.
Donde no están muy contentos con la forma de proceder de López es en las diputaciones, al menos en la de Bizkaia, ya que ayer su portavoz, Juan Mari Aburto, acusó al lehendakari de «falta de responsabilidad y de liderazgo» por no facilitarles ninguna información sobre las medidas de ajuste desde la reunión que mantuvieron el pasado 24 de mayo en Gasteiz.
«Desde entonces no tenemos más noticias; ni ampliaciones a sus propuestas, ni respuestas a los planteamientos de las instituciones forales. No es presentable que a día de hoy los funcionarios no conozcan cuáles serán sus retribuciones», valoró.
Aburto destacó, en este sentido, la «honda preocupación» del Gobierno vizcaino por la «falta de seriedad» de López en el tratamiento de este asunto, apostillando que «este no es nuestro concepto de lealtad institucional». «Nos da la impresión -afirmó-, de que, una vez más, el objetivo del lehendakari al reunirse con los tres diputados generales era sólo sacarse la foto». A pesar de ello, dijo que desde la institución que preside José Luis Bilbao «todavía creemos en la posibilidad de una resolución conjunta con el Gobierno vasco y las otras dos diputaciones, porque creemos que la situación así lo requiere».
El desempleo en la zona euro alcanzó en abril un nuevo récord, al subir una décima respecto a marzo, hasta el 10,1% de la población activa, impulsado por la tasa del Estado español (19,7%), el estado con más paro de la zona.
La tasa de paro y de pobreza en Gasteiz crecieron de forma espectacular en 2009, pasando de un 2,7 a un 9,9% en el caso del desempleo, y de un 4,59 a un 6,26% en el porcentaje de familias receptoras de Renta de Garantía de Ingresos.
Las negociaciones entre CCOO y UGT, por un lado, y las patronales CEOE y CEPYME, por otro, para acordar una reforma laboral que el Gobierno español pueda presentar como fruto de un «pacto social» siguen sin llegar a término, y ayer el presidente de la patronal española, Gerardo Díaz Ferrán, quiso presionar al Ejecutivo de Zapatero afirmando que la CEOE sólo firmará un acuerdo que sea «serio, profundo y global» y que, de no ser como él lo plantea, «tendrá que gobernar el Gobierno». Díaz Ferrán, en declaraciones realizadas durante un desayuno informativo organizado por «El Economista» y recogidas por la agencia Efe, dijo apostar por contratos estables que sean «atractivos» para los empresarios, en especial las pequeñas y medianas empresas, y también se mostró en contra de penalizar la contratación temporal, porque, sostuvo, existen muchos sectores que la necesitan. Por ese motivo, afirmó que hay que dejarla como está.
Sobre este tema se posicionaron ayer varios miembros del Gabinete de Zapatero, como el titular de Trabajo, Celestino Corbacho, quien anunció que han fijado que las conversaciones deben terminar como máximo a «mitad de la semana que viene» tanto si hay acuerdo como si no lo hay. Corbacho reconoció que una de las cuestiones que están sobre la mesa es el contrato de fomento del empleo, que conlleva una indemnización por despido de 33 días frente a los 45 del contrato fijo ordinario. Agregó, en línea con lo expresado por Díaz Ferrán, que el planteamiento del Ejecutivo es hacer un contrato «atractivo» para los empresarios aunque también ofrezca estabilidad a los trabajadores. GARA