El desenlace de las negociaciones entre el Gobierno-PSE y el PNV sobre el plan «Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia» puede resultar chocante. La consejera de Educación, Isabel Celaá, encontró la fórmula del «acuerdo suficiente». El portavoz parlamentario jeltzale, Joseba Egibar, replicó que «hay acuerdo en lo que hay acuerdo, pero no hay acuerdo en el plan». Desde el PSE José Antonio Pastor intentó explicar que ellos ven la botella medio llena y el PNV medio vacía, pero que la cantidad de líquido que hay es el mismo. Para enredar un poco más la madeja, el presidente del EBB, Iñigo Urkullu, dijo ayer que el plan resulta «satisfactorio» para su partido «en lo que afecta al sistema educativo», pero precisó que como plan de paz «es mejorable y perfectible». Dispuesto a echar leña al fuego, el secretario general del PP de la CAV, Iñaki Oyarzábal, sentenció que el PNV «no estuvo a la altura de las circunstancias en la lucha contra el terrorismo cuando gobernó y no lo está en la oposición». Y la portavoz del Ejecutivo autonómico, Idoia Mendia, resaltó que este plan tendrá un consenso mayor que el anterior, que se ajusta tanto a sus principios fundamentales como a las peticiones que les había hecho llegar Iñigo Urkullu y que, por lo tanto, «el PNV tendrá que explicar por qué no lo acepta».

La solución de este galimatías se encuentra, entre otras cosas, en la fórmula de tramitación del plan, que no exige votación y, por lo tanto, permite arreglos en los cuales cada parte puede hacer su propio catálogo de pros y contras de los que acentuará aquello que considere más apropiado para sus intereses.

En este caso, puede decirse que el Gobierno ha conseguido que el plan pueda aprobarse sin tener el rechazo frontal del PNV, interpretando que así conseguirá una aplicación «más pacífica» del mismo en las escuelas. Entre tanto, el PNV insiste en que este no es su plan, que está «desenfocado», pero presenta como una victoria propia el que se haya reconocido la validez del plan del Ejecutivo anterior, que se haya atendido a demandas del Consejo Escolar y, sobre todo, que se reconozca la autonomía de cada centro a la hora de poner en práctica aspectos del plan tan espinosos como la forma de trasladar los testimonios de víctimas a las aulas.

A la espera de conocer el documento en su integridad para analizarlo más en profundidad, lo que sí puede adelantarse es que la gestión de su redacción ha sido nefasta y que, por lo que se sabe de él, nace ya siendo viejo. El primer borrador presentado por el Gobierno con el visto bueno del PP partía de la «estrategia antiterrorista» del Pacto gobernante, que pretende acabar no sólo con la violencia de ETA sino, sobre todo, con sus objetivos políticos. En coherencia con esa posición, la presentación del texto a los grupos parlamentarios la hizo el consejero de Interior, Rodolfo Ares, y su explicación a los medios corrió a cargo del núcleo duro de Lehendakaritza, que insistió en que este plan sustituía al del Ejecutivo anterior. Su implantación se presentó sin disimulo como una «decisión política», mientras que a la par el presidente del PP de la CAV, Antonio Basagoiti, lanzaba a los cuatro vientos la idea de que el plan se aprobaría «sí o sí».

La primera lección que el Gabinete de López pudo sacar de su arranque con este plan es que tener asegurada la mayoría de escaños en el Parlamento de Gasteiz no garantiza la aceptación social de su doctrina. El plan se encontró con el rechazo frontal de todos los grupos de la oposición y de la mayoría de los sindicatos de la Educación, y con una lectura muy crítica del Consejo Escolar de Euskadi.

En esas condiciones, el Gobierno necesitaba limar asperezas. Primero tuvo que hacer un reajuste interno. La batuta pasó del área de Interior a la de Educación y se abrió una vía de negociación con el PNV, partido mayoritario en la Cámara autonómica.

La negociación, probablemente, nunca tuvo el objetivo de lograr un acuerdo sobre un texto consensuado que las partes refrendaran con su firma a pie de página. El Gobierno necesitaba rebajar el rechazo político frontal del conjunto del abertzalismo e intentar garantizarse una aplicación más tranquila del plan en las aulas. El PNV dio muestras al principio de estar incómodo en la oposición radical en una materia que afectaba a «las víctimas» y después pasó a argumentar que, ya que el plan iba a aprobarse «sí o sí», era conveniente salvar unos mínimos como los defendidos por el Consejo Escolar.

A partir de ahí, toda la negociación ha tenido mucho de «guerra mediática», en la que han quedado patentes las carencias que el PNV tiene en este campo desde que perdió el control de EITB.

El arreglo alcanzado, al final, se intuye malo. Porque, como reconoce el PNV, parte de una visión unilateral de la realidad y la historia de este país, y los vicios de origen no son fáciles de corregir. Aunque siempre quedará el recurso al «pase foral» en las escuelas.