Paul Bilbao, secretario general de Kontseilua, criticó ayer la decisión de Lakua de no multar a los establecimientos que vulneren los derechos lingüísticos.

En su opinión, supone un «retroceso» porque «hizo falta que pasaran muchos años para que se recogieran los derechos lingüísticos en el estatuto de los consumidores y ahora que se iban a dar pasos para garantizar dichos derechos, no tiene ningún sentido ir un paso atrás». El secretario general de Kontseilua censuró el hecho de garantizar los derechos de los ciudadanos basándose en la situación sociolingüística porque «rompe con el principio de la oficialidad». «Parece que se tienen que garantizar los derechos lingüísticos teniendo en cuenta el número de euskaldunes», añadió.

Kontseilua reivindicó que las políticas lingüísticas deben diseñarse teniendo en cuenta las necesidades que tiene el euskara. «Creemos que, una vez más se han tenido en cuenta razones ajenas al euskara», declaró.

Por su parte, el parlamentario de UPyD en Gasteiz Gorka Maneiro señaló que no basta con aplazar las sanciones a los comercios que no cumplan el decreto sobre el uso del euskara, sino que hay de derogarlo «por ser un ataque a la libertad individual y de empresa». Según dijo, «imponer» el euskara «genera rechazo y supone una intolerable injerencia del Estado en el ámbito privado de las personas».