El Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Nafarroa aprobó, en la pasada sesión del 17 de mayo, el proyecto del Plan Integrado de Residuos con un horizonte 2010-2017. En el mismo se prevé la puesta en funcionamiento de una planta incineradora antes de 2015.

En un principio, el Gobierno propone la ubicación de la planta incineradora en el alto del Carrascal como centro ponderado entre las distintas mancomunidades y el peso de su población y vertidos respectivos. Desde ahí se marca un área circular de 25 kilómetros y dentro de ese ámbito se identifican los emplazamientos que cumplen unas condiciones muy precisas, como no ser inundables; estar a menos de 650 metros de altitud o a más de un kilómetro de áreas urbanas.

Este tipo de condiciones llevan apuntar a Tafalla, Artajona y Larraga como zonas posibles para acoger la planta. Además de la incineradora, también preven colocar un vertedero de residuos peligrosos como aceites usados, disolventes o pilas.

En cuanto al orden de prioridades que se destacan en el plan aprobado, se fijan unas medidas encaminadas a mejorar la preparación para la «reutilización, el reciclado, la valorización y la eliminación de los residuos».

El PIGRN se fundamenta en una serie de principios básicos emanados de la normativa vigente en materia de residuos que fijan los criterios que se han de adoptar para alcanzar el objetivo principal de «integrar el desarrollo económico con la protección del medio ambientes».

En 2008 en los vertederos de Tutera, Cárcar y Góngora se enterraron 201.844 toneladas, y el Ejecutivo foral estima que con la incineradora esta cantidad se reducirá hasta las 26.240 toneladas de basura y 10.092 toneladas de ceniza, ambas procedentes de la combustión.

Según los cálculos forales con la puesta en marcha de la nueva planta para el año 2022 se podría clausurar el vertedero de Góngora, situado en el valle de Aranguren. La puesta en marcha de todo el plan de gestión de residuos tendría un coste aproximado de 231.378.900 euros.

En 2007, el Tribunal Supremo español sentenció en contra de la planta de biometanización que el Gobierno quería emplazar en Arazuri. Tras un desembolso de 11 millones de euros, el TS paralizó la planta, ya que ésta no respetaba la distancia de dos kilómetros a los núcleos urbanos.