El Tribunal Administrativo de Pau ha dado la razón a siete familias que, apoyadas por el colectivo Handik, interpusieron hace un mes una denuncia con carácter urgente contra el Ministerio de Educación por estimar que incumple la ley en lo que respecta a la obligación de dotar de asistentes para la vida escolar (AVS) a sus hijos.

El colectivo, formado por varias asociaciones de padres y amigos de niños con discapacidad intelectual, lleva años reclamando medios suficientes sin ser escuchado. La ley aprobada en 2005 establece que los niños con discapacidad intelectual escolarizados tienen derecho al apoyo de un AVS, pero el propio Ministerio la incumple.

Handik reconoce que «con los medios de los que se le dota, la Inspección Académica del Departamento hace lo posible», pero constata que los medios están siendo recortados. De hecho, Integrazio Batzordea -asociación que se ocupa de esta problemática en el seno de Seaska-, está asumiendo el costo de la asistencia a seis alumnos.

Paso adelante

Ladix Arrosagaray, portavoz de Integrazio Batzordea (IB), subrayó ayer la importancia de la decisión judicial, aunque todavía no es definitiva porque el Ministerio puede interponer recurso. «En sí supone un pequeño paso adelante. El juez ha reconocido que nuestros hijos tienen ese derecho y ha dado diez días, tanto a la Inspección como al Ministerio de Educación para que apliquen la ley. Eso sí, la decisión, en caso de que no sea recurrida por el Ministerio, no tiene carácter retroactivo, por lo que la medida tendría efecto, sobre todo, para el curso que viene», manifestó.

Arrosagaray recordó que, además de los costos de los asistentes, Seaska e Integrazio Batzordea asumen los de los educadores especializados, y mostró la preocupación del colectivo por la práctica que últimamente lleva a cabo el Ministerio: «Cada vez es más frecuente que en lugar de AVS se asignen EVS (empleados para la vida escolar) para la función asistencial, algo en lo que no estamos de acuerdo, porque se les exige un nivel de cualifiación más bajo y, además, son empleados en situación de gran precariedad».

La decisión judicial también aborda ese aspecto, ya que el juez interpreta claramente que deben ser AVS cualificados y no EVS quienes se ocupen de los escolares con discapacidad intelectual.

En cuanto a la posibilidad de que el Ministerio interponga un recurso, Arrosagaray cree que en estos momentos de recorte de puestos en los servicios públicos y sociales es «muy probable» que lo haga.