El pleno del pasado jueves en Lizarra se tornó polémico tras el abandono de la sala de la alcaldesa, Begoña Ganuza, y los ediles de su partido, UPN, que fueron acompañados por los concejales del PSN. La alcaldesa abandonó la sala cuando los familiares de cinco jóvenes que fueron detenidos las pasadas fiestas patronales les pidieron que intercedieran en favor de los procesados para que no sean juzgados en la Audiencia Nacional por un hecho acontecido durante las fiestas del pueblo.

Los familiares, que iniciaron una recogida de firmas en favor del archivo del caso, pretendían leer un documento y hacer entrega en el Consistorio de los apoyos recogidos, que son ya más de 2.850. Este documento con las firmas también se intentó hacer llegar a los juzgados de Lizarra el pasado día 24, aunque en el tribunal no quisieron dar entrada al escrito.

Medio centenar de solidarios se personaron en el pleno del jueves para arropar a la madre de uno de los encausados, quien aprovechó el apartado de ruegos y preguntas para exponer sus demandas a los representantes municipales. Los ciudadanos portaban carteles de «Yo también estaba ahí», en referencia a la batukada de fiestas contra la que cargó la Guardia Civil, produciéndose las detenciones.

La alcaldesa lanzó dos avisos para que bajaran los carteles, pero los ciudadanos se mantuvieron firmes. Tras lo cual, Ganuza decidió marcharse del pleno acompañada por sus compañeros de UPN y los concejales del PSN. Ante este extremo, los concentrados prefirieron recoger las cartulinas a fin de que regresara la alcaldesa. Sin embargo, ninguno de los ediles volvió a la sala a escuchar el testimonio de vecinos y familiares.

De «agresión» a «pertenencia»

Los hechos que se les imputan a los jóvenes ocurrieron durante las fiestas del pasado año, en agosto. La Guardia Civil cargó contra una kalejira popular, porque en ella había una pancarta con un lema que coincidía con el de una manifestación desconvocada por Segi.

Durante los altercados fueron detenidos cinco jóvenes a los que se acusó de un delito de agresión. A tres de ellos se les imputó el portar esa pancarta y ser los convocantes. Más tarde, la juez decidió cambiar la acusación a otra de «pertenencia a organización terrorista», por lo que podrían acabar siendo juzgados por la Audiencia Nacional española. Los familiares recaban firmas para que se archive este procedimiento judicial.