Izquierda abertzale, EA, Aralar y Ezker Batua han presentado una moción para su debate y aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Tolosa, en la que instan al alcalde, el jeltzale Jokin Bildarratz, a que adopte las medidas necesarias, en el plazo de dos meses como contempla la ley, para «acatar y ejecutar» la sentencia del TSJPV que declaró nula la modificación de las Normas Subsidiarias para permitir la operación urbanística de Voith-Gorostidi.

Las cuatro fuerzas políticas son conscientes de que la decisión de seguir adelante con el proyecto, a pesar de las advertencias que desde 2006 se hicieron al gobierno municipal, ha supuesto que se hayan adjudicado una parte de las viviendas protegidas y concertadas comprometidas por el propio Consistorio. Por ello, en su iniciativa apuestan porque el Ayuntamiento vele y proteja jurídicamente el derecho a una vivienda digna de «todas aquellas personas que han accedido conforme a ley» a alguna de las concesiones de pisos protegidos del área de Voith-Gorostidi.

La resolución judicial es clara al constatar un exceso de edificabilidad en el proyecto en cuestión, de modo que donde se iban a levantar 450 viviendas, se contemplaron 700. Para ejecutar la sentencia, demandan que el Pleno inste al alcalde «a que tome las medidas necesarias para que no se comience la construcción de los ámbitos que todavía no se han iniciado, mientras no se redacte una nueva ordenación pormenorizada».

La izquierda abertzale, EA, Aralar y EB no sólo se limitan a pedir a los responsables municipales que muevan ficha, sino al resto de agentes implicados por la sentencia del TSJPV.

Así, solicitan a la Diputación guipuzcoana -que avaló finalmente la polémica operacion inmobiliaria- y a la Junta de Compensación, a que asuman su responsabilidad para cumplir con lo establecido por los magistrados.

En la exposición de los motivos de la presentación de la moción, los proponentes recuerdan que ya en 2006, representantes de Eusko Alkartasuna y Ezker Abertzalea, así como vecinos de Tolosa, reclamaron a diferentes instancias, desde la Comisión de Urbanismo al Pleno municipal, pasando por el equipo de gobierno, para que rectificaran las irregularidades detectadas en los aprovechamientos edificatorios. Es más, los propios técnicos municipales y forales apuntaron a la ilegalidad de los cambios en las NNSS.

«El PNV, en las distintas votaciones aprobatorias seguidas en la elaboración del cambio de Normas Subsidiarias, insistió en desoír toda sugerencia que no supusiera continuar con este despropósito, llegando a aprobar la modificación de Normas a pesar de la importante y significativa oposición municipal», añadieron.

Esta fue precisamente la razón por la que varios representantes independentistas interpusieron un recurso contencioso administrativo, que ha sido aceptado por el TSJPV. Ahora, y después de que el alcalde y su partido insistan en que van a seguir adelante con la operación de Voith-Gorostidi, la izquierda abertzale, Eusko Alkartasuna, Aralar y Ezker Batua han decidido impulsar esta moción.