Representantes de la resistencia iraquí que tenían previsto asistir a la conferencia internacional organizada en la ciudad asturiana de Xixón del 18 al 20 de junio y a quienes el Gobierno español ha prohibido asistir han enviado una carta al ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.

Tras indicar que «Irak sufre hoy una verdadera catástrofe», la carta enviada a Moratinos señala que al apoyar el actual proceso político iraquí, el Gobierno español «compartiría con el Gobierno estadounidense la responsabilidad de todos los crímenes y la corrupción que sufre hoy Irak».

Precisamente, el motivo para impedir la presencia de los resistentes iraquíes en Xixón era que «España, la Unión Europea y la comunidad internacional apoyan el actual proceso político iraquí de manera inequívoca y [la conferencia] podría tener consecuencias negativas sobre dicho proceso».

En este sentido, los resistentes iraquíes vetados por el Gobierno español recuerdan que Madrid cambió de actitud «tras las declaraciones hechas por el actual Gobierno de Irak, que incluyen amenazas a España de imponer sanciones [comerciales] si llega a celebrarse en su territorio».

La carta está firmada, entre otros, por Bashar Mohammed al-Faidi, portavoz y miembro del comité ejecutivo de la Asociación de Ulemas Musulmanes; Judeir al-Murshidi, secretario general del Frente Patriótico Nacionalista e Islámico de Irak; y el ayatollah Jawad al-Jalesi, secretario general del Congreso Fundacional Iraquí, además de representantes tribales, cargos públicos kurdos y activistas iraquíes.

Pese a la forzada ausencia de los representantes iraquíes debido a la decisión de Madrid, la Campaña Estatal contra la Ocupación y por la Soberanía de Irak (Ceosi), organizadora de la conferencia de Xixón, ha decidido mantener la convocatoria, que cuenta con el apoyo del Principado de Asturies y el Ayuntamiento de Xixón, que han mostrado «su perplejidad y rechazo por el cambio de actitud del Gobierno español», según señalan en una nota de prensa.

«Es de todo punto inaceptable que un Estado soberano se someta al chantaje de instancias derivadas de una ocupación ilegal, mantenidas sobre la violencia sectaria, el éxodo masivo de sus ciudadanos y el fraude electoral y que ostentan los índices internacionales más altos de violación de los derechos humanos y corrupción», añade la nota de la Ceosi.