El violento ataque de Israel contra la Freedom Flotilla (flotilla de la libertad) que transportaba asistencia humanitaria a Gaza escandalizó al mundo. Secuestrar embarcaciones en aguas internacionales y asesinar pasajeros es, por supuesto, un crimen grave. Pero el crimen no es algo nuevo. Durante décadas, Israel ha estado secuestrando embarcaciones entre Chipre y Líbano, y matando y secuestrando pasajeros, a veces reteniéndolos como rehenes en prisiones israelíes.

Israel da por sentado que puede cometer impunemente estos crímenes porque Estados Unidos los tolera y Europa generalmente sigue el ejemplo de Washington.

Como observaron correctamente los editores de «The Guardian» el 1 de junio: «Si un grupo armado de piratas somalíes hubiera abordado ayer seis embarcaciones en altamar, asesinado a cuando menos 10 pasajeros y lesionado a muchos más, una fuerza de trabajo de la OTAN ya estaría encaminada hoy a la costa somalí».

En este caso, el tratado de la OTAN obliga a sus miembros a acudir a la ayuda de un país miembro de la OTAN -Turquía- atacado en alta mar.

El pretexto de Israel para el ataque fue que la flotilla de la libertad estaba llevando materiales que Hamas podría utilizar para disparar cohetes contra Israel.

El pretexto no es creíble. Una razón suficiente es que Israel puede poner fin a la amenaza de los cohetes por medios pacíficos.

Los antecedentes son importantes. Hamas fue identificado como una importante amenaza terrorista cuando triunfó en las elecciones libres celebradas en febrero de 2006. Estados Unidos e Israel escalaron bruscamente su castigo contra los palestinos, ahora por el crimen de votar en forma equivocada.

El sitio de Gaza, incluyendo un bloqueo naval, fue un resultado. El sitio de Gaza se intensificó marcadamente en 2007, después de que una pequeña guerra civil dejara a Hamas el control total de ese territorio.

Lo que comúnmente ha sido descrito como un golpe militar fue, de hecho, incitado por Estados Unidos e Israel, en un crudo intento de anular las elecciones que llevaron a Hamas al poder.

Esto ha sido del dominio público desde, cuando menos, abril de 2008, cuando David Rose reportó en «Vanity Fair» que George W. Bush, la asesora de Seguridad Nacional Condoleezza Rice y su segundo, Elliott Abrams, «apoyaron a una fuerza armada bajo las órdenes del hombre fuerte de Fatah, Muhammad Dahlan, encendiendo un cruenta guerra civil en Gaza y dejando a Hamas más fuerte que nunca».

El terrorismo de Hamas incluyó el lanzamiento de cohetes contra los pueblos israelíes cercanos, algo criminal, sin duda, pero sólo una diminuta fracción de los crímenes rutinarios de Estados Unidos e Israel en Gaza.

En junio de 2008, Israel y Hamas llegaron a un acuerdo de cese el fuego. El Gobierno israelí oficialmente reconoce que hasta que Israel violó el acuerdo el 4 de noviembre de ese año al invadir Gaza y matar a media docena de activistas de Hamas, Hamas no disparó un solo cohete.

Hamas ofreció reanudar el cese el fuego. El gabinete israelí analizó la oferta y la rechazó, prefiriendo lanzar su asesina invasión de Gaza el 27 de diciembre.

Como otros estados, Israel tiene el derecho de defenderse. ¿Pero tenía Israel el derecho de emplear la fuerza en Gaza en nombre de la autodefensa?

La ley internacional, incluyendo la Carta de la ONU, es inequívoca: una nación tiene tal derecho sólo si han agotado los medios pacíficos. En este caso, tales medios no fueron siquiera intentados, aunque -o quizá porque- existían todas las razones posibles para que tuvieran éxito.

Así, la invasión fue pura agresión criminal, y lo mismo puede decirse de que los israelíes hayan recurrido a la fuerza contra la flotilla de la libertad.

El sitio es salvaje, diseñado para mantener apenas vivos a los animales enjaulados, de forma que se reduzcan las protestas internacionales, pero difícilmente más que eso. Es la última etapa de unos planes israelíes trazados hace tiempo y apoyados por Estados Unidos, para separar a Gaza de la Ribera Occidental (Cisjordania).

La periodista israelí Amira Hass, una destacada especialista sobre Gaza, describe la historia del proceso de separación. «Las restricciones sobre el movimiento palestino que Israel introdujo en enero de 1991 revirtieron un proceso iniciado en junio de 1967. En ese entonces, y por vez primera desde 1948, una gran parte del pueblo palestino vivió nuevamente en el territorio abierto de un solo país -uno, por cierto, que estaba ocupado, pero era sin embargo entero...».

Hass concluye: «La separación total de la franja de Gaza de Cisjordania es uno de los logros más grandes de la política israelí, cuyo objetivo mayor es impedir una solución basada en decisiones y acuerdos internacionales, y en lugar de eso dictar un acuerdo basado en la superioridad militar de Israel...».

La flotilla de la libertad desafió esa política y por tanto debía ser destruida.

Un marco para solucionar el conflicto árabe-israelí ha existido desde 1976, cuando los estados árabes introdujeron una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que planteaba un tratado basado en dos estados en la frontera internacional, incluyendo todas las garantías de seguridad de la resolución 242 de la ONU, adoptada después de la guerra de junio en 1967.

Los principios esenciales cuentan con el apoyo prácticamente de todo el mundo, incluyendo la Liga Árabe, la Organización de Estados Islámicos (incluyendo a Irán) y protagonistas no relevantes, incluso Hamas.

Pero Estados Unidos e Israel han encabezado el rechazo a tal acuerdo durante tres décadas, con una excepción crucial y altamente informativa. En el último mes del presidente Bill Clinton en el cargo, enero de 2001, el mandatario inició negociaciones en Taba, Egipto, que casi alcanzaron un acuerdo, anunciaron los participantes, antes de que Israel pusiera fin a las negociaciones.

Hoy, el cruel legado de una paz fallida persiste.

La ley internacional no puede ser aplicada contra estados poderosos, salvo por sus propios ciudadanos. Eso siempre es tarea difícil, particularmente cuando opiniones bien expresadas declaran que el crimen es legítimo, sea explícitamente o por la adopción tácita de un marco criminal, lo cual es más insidioso, porque hace invisible el crimen.

© La Jornada