D esde que se hicieron con el sillón de Ajuria Enea, PSE y PP avanzan a paso de carga en el proceso de desnacionalización de Euskal Herria. Hagan memoria. Empezaron con el mapa del tiempo en Euskal Telebista, luego vino la lluvia de banderas españolas, la decadencia forzada de los medios de comunicación públicos vascos, la presencia institucional en el desfile militar del Día de la Raza, el mensaje del rey español en la tele vasca...

Ahora dan un paso más y, como apuntaba ayer con alborozo «El Mundo», el Parlamento que preside sin legitimidad Arantza Quiroga aprobará hoy una iniciativa que permitirá anular «el ataque contra la libertad lingüística que puso en marcha el Gobierno de Ibarretxe y que tenía entre sus damnificados a los comercios vascos». Lo de «ataque» se lo saca de la manga el editorialista de Pedro J. Ramírez. Ya verán.

Según el editorialista, «a través de dos instrumentos -la ley del Estatuto de personas consumidoras y usuarios y del decreto que lo desarrollaba- el tripartito pretendía obligar a los comercios a utilizar el euskara para lo que incluía sanciones económicas». Lo que pretendía esa iniciativa del tripartito era garantizar el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a ser atendidos en euskara en Euskal Herria. Lo mismo que sucede, por ejemplo, en Alemania, en Francia o... en España.

El editorialista va más allá y sentencia que «el evidente atropello para los comercios carecía de sentido y el Gobierno socialista ya había dado un primer paso comprometiéndose a no ejecutar la capacidad sancionadora que le otorgaba esta normativa». Lo que, si no me equivoco, era una ilegaliad como la copa de un pino. ¿Acaso puede un Gobierno negarse a cumplir una ley?

Pero todo le parece poco al editorialista, y advierte que «sin embargo, la medida era insuficiente y el PP ha conseguido aprovechar una propuesta de UPyD para superarla tras una intensa negociación con el grupo parlamentario socialista. Con el texto que se aprobará hoy se eliminará cualquier medida coercitiva y sancionadora contra los comercios, recuperándose así un derecho fundamental». Lo dicen quienes defienden una Constitución que nos impone su lengua.