«Si el Estado español fuera un Estado democrático, sus cimientos se moverían por vergüenza al asumir cómo ha golpeado a la juventud vasca». Son palabras de Julen Arzuaga, abogado y miembro de Behatokia, autor del libro «La maza y la cantera, juventud vasca, represión y solidaridad». El pasado jueves presentó en Bilbo el trabajo, editado por Txalaparta, que pretende ser un «tributo» a los jóvenes vascos y sus familias que han sufrido la represión del Estado. Un trabajo de «recuperación de la memoria histórica más reciente que se deberá tener en consideración en el futuro», según dijo el editor Mikel Soto. El documental «Hautsitako leihoa» sirvió para contextualizar la charla realizada en el edificio de La Bolsa. En él se narran las vivencias de distintos jóvenes y sus familiares tras sus detenciones, periodo de incomunicación y paso por la cárcel. Entre ellas estaba Mari Carmen Mañas, viuda de Angel Berrueta que murió tras ser tiroteado y acuchillado por un policía español y su hijo. El juez Joaquín Navarro denunciaba también que se aplica una «ley de guerra» en contra de la juventud vasca. Pusieron como ejemplo que mientras los autores de la muerte de Berrueta se encuentran en libertad tras seis años, el iruindarra Eneko Olza ha cumplido diez por la quema de un cajero. Una historia de sobra conocida por los asistentes, en su mayoría miembros de la asociación Gurasoak, que ha colaborado en la publicación del libro.

Gracias al esfuerzo y sacrificio realizado por los padres y madres que componen Gurasoak se han recogido los testimonios de 1.700 jóvenes vascos afectados por operativos contra su actividad juvenil. Se trata de datos y fichas recabados desde principios de los 90 hasta 2007 en toda Euskal Herria. El propio Arzuaga reconoció que los jóvenes que han sufrido en sus carnes los desmanes del Estado pueden ser incluso el doble, y que esas prácticas se siguen repitiendo constantemente. Como ejemplo, citó que, cuando estaba acabando de redactar el libro, se conoció la petición fiscal de 33 años de cárcel contra varios jóvenes de Barakaldo acusados de quemar un cajero. Tras el juicio quedaron libres, a la espera de la sentencia.

La detención gratuita y arbitraria pese a no haber indicios de culpabilidad es uno de los aspectos que resalta el letrado alavés en su trabajo. Según sus datos, el 61% de los arrestados fueron puestos en libertad provisional tras su arresto, y el 11% quedó, además, sin cargos en su contra. La tortura para conseguir declaraciones inculpatorias y las altas condenas son también puestos como ejemplo de la «acción desproporcionada» de lo que denominó como «franquismo constitucional».

¿Los papeles de Bidart?

Arzuaga repasó la criminalización sufrida por la juventud vasca, que se ve incrementada a raíz de la campaña «Ven y cuéntalo» de Rosa Díez y la invención de los llamados «grupos Y» por parte del consejero de Interior de Lakua, Juan María Atutxa, a principios de los 90. Es a partir de entonces cuando empiezan a llevar a la Audiencia Nacional a los jóvenes vascos por ataques callejeros en base a unos supuestos documentos incautados a ETA en Bidart, que nunca se han presentado en los tribunales, según indicó. También recordó las acusaciones contra los entonces dirigentes de Jarrai Jon Salaberria e Imanol Iparragirre tras el topagune de Zaldibia, y añadió que a partir de las ilegalizaciones «hasta la actividad política y pacífica es considerada terrorismo».

El libro será presentado el próximo miércoles en Getxo.