El Senado italiano, donde predomina la derecha de Silvio Berlusconi, aprobó ayer una controvertida ley que restringe el uso de escuchas telefónicas en las investigaciones judiciales y su difusión en los medios de comunicación. Para su entrada en vigor, el texto debe ser refrendado en los mismos términos por la Cámara de Diputados y firmado por el presidente de la República. Después de numerosos retoques, la norma autoriza el empleo de escuchas telefónicas sólo en caso de delitos castigados con más de 5 años de cárcel, incluida la corrupción.