El Gobierno español remitirá hoy su propuesta de reforma laboral a la patronal y los sindicatos CCOO y UGT tras el fracaso de las negociaciones entre Gobierno, patronal y sindicatos en la última reunión en la madrugada de ayer.

El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero dijo que el Gobierno presentará el documento a los interlocutores sociales e insistió en que esos cambios deben durar «muchos años», aunque el Ejecutivo ya ha dejado claro que la aprobará el miércoles 16, y la enviará al Parlamento para su aprobación definitiva antes de que finalice el mes de junio.

Rodríguez Zapatero confió en contar con «un amplio respaldo» en el Parlamento porque «sabemos lo que hay en juego y lo saben el resto de formaciones políticas». «Queremos un modelo en el que la contratación indefinida sea la norma frente a la contratación temporal. Queremos reducir el esfuerzo en el coste del despido, sin que los trabajadores pierdan derechos y queremos hacer un cambio en la flexibilidad interna de la empresa», añadió.

Negociación política

Tanto la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, como la vicepresidenta económica, Elena Salgado, anunciaron conversaciones con los grupos políticos para asegurarse su respaldo.

El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, urgió al Ejecutivo a que «ponga en circulación» su propuesta, y subrayó su disposición a intentar buscar puntos de encuentro. En el documento que el Ejecutivo puso ayer sobre la mesa se muestra dispuesto a que el Fondo de Garantía Salarial se haga cargo del pago de ocho días del coste total de los despidos objetivos de todos los contratos de fomento del empleo, ya sean procedentes o improcedentes e individuales o colectivos.

Más barato para el empresario

De mantener esta medida, el Gobierno permitiría un despido más barato para los empresarios aunque sin disminuir la indemnización que percibirían los trabajadores acogidos a este tipo de contrato.

La anterior propuesta, la que Trabajo presentó el 12 de abril, no era tan generosa y sólo se extendía el pago de ocho días de indemnización por parte del Fogasa para los despidos procedentes a todas las empresas. Actualmente sólo se abona a las que tienen menos de veinticinco trabajadores.

Ahora valdría para todos los despidos por causas objetivas -económicas, tecnológicas, organizativas y productivas-, en los contratos de fomento, ya fueran declarados procedentes (20 días de indemnización) o improcedentes (33 días) o tratasen de individuales y colectivos, además de en cualquier tipo de empresa.

La propuesta tiene una sola excepción, para el caso de los despidos disciplinarios considerados improcedentes. Además, para los despidos objetivos se reduce de treinta a quince días el preaviso al que está obligada la empresa.

En la reunión de ayer, Trabajo entregó a los agentes sociales un documento de once folios, aunque al ver que las posturas seguían sin acercarse horas más tarde les facilitó otro con algunos cambios. Así, puso un tope a los contratos de obra de dos años, ampliables en seis meses por decisión de la negociación colectiva sectorial, aunque más tarde cedió y manejó una prolongación de hasta un año.

Otra de las novedades con respecto al documento de abril es el encarecimiento del despido en los contratos temporales, actualmente en ocho días, hasta los doce, que se irían aumentando de forma progresiva hasta 2014.

En ninguno de los dos textos figura una de las cuestiones que han provocado la ruptura en las negociaciones: las causas objetivas para un despido procedente, que la patronal reclama ampliar y especificar para conseguir una menor tutela judicial.

Anular el convenio

En el capítulo sobre flexibilidad interna de las empresas, el Gobierno propone varias cláusulas de «inaplicación salarial», que permitirían descolgarse de los convenios colectivos según determinados supuestos, como una «significativa caída de la actividad» o un «cambio en la posición competitiva de mercado» para la empresa, así como que peligre su viabilidad futura y su empleo.