Tras ocho años de encabezar la Presidencia de Colombia, a la que accedió con apoyo de los jefes paramilitares, según confesión de ellos mismos, Álvaro Uribe fue impedido de buscar una segunda relección. Sin embargo, todo parece arreglado entre las cúpulas colombianas y sus socios de Estados Unidos para que el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos sustituya a su antiguo superior jerárquico.

Los objetivos centrales que busca este relevo son dos:

Por una parte, continuar con la llamada política de «seguridad democrática», que utiliza como excusa una supuesta lucha «contra el terrorismo y el narcotráfico» para justificar la guerra por cualquier medio, lo que ha significado verdaderos y reiterados abusos de poder, así como la violación sistemática de los derechos humanos, en particular los de sus connacionales, pero también los de muchos otros latinoamericanos, entre ellos los cuatro mexicanos asesinados en territorio de Ecuador, el primero de marzo de 2008, y los de la sobreviviente Lucía Morett.

Y por otra, garantizar a Álvaro Uribe, a Juan Manuel Santos y a sus funcionarios cómplices, desde policías y militares hasta legisladores, las condiciones de impunidad ante los graves delitos que han cometido para evitar la acción de la justicia, tanto en Colombia como en tribunales internacionales.

Uribe ha impulsado durante su gobierno una política belicista contraria al diálogo y la paz, mediante una guerra que ha ocasionado una mayor subordinación hacia Estados Unidos, la muerte de miles de sindicalistas, defensores de derechos humanos y campesinos, así como el desplazamiento de millones de personas que han perdido sus tierras, arrasadas por la fumigación con productos tóxicos o por una ofensiva de la gran minería trasnacional, que también va acompañado de militarización, como indica el ex ministro Camilo González Posso, presidente del Instituto de Paz.

Uribe y Santos son responsables de la violencia, cuya criminalidad se manifiesta en hechos recientes, como el macabro hallazgo de una fosa clandestina con miles de cadáveres; la revelación de los llamados falsos positivos, tema que ha significado para los militares recibir compensaciones de guerra asesinando a jóvenes inocentes, a quienes disfrazan de guerrilleros; la reactivación de grupos paramilitares que cometen atrocidades inimaginables. El terrorismo de Estado en Colombia ha provocado una aún mayor inseguridad, pobreza, desempleo y constantes amenazas a los movimientos sociales, sin que el narcotráfico que el Gobierno dice combatir disminuya en ese país.

Una de las gravísimas violaciones al derecho internacional y a las garantías fundamentales cometidas por el régimen de Uribe es el ilegal ataque militar a Ecuador el primero de marzo de 2008. La invasión, apoyada por la CIA y con los recursos estadunidenses de la base militar de Manta (Ecuador), fue una provocación para regionalizar el largo conflicto colombiano, creando el problema geopolítico más grave de la historia reciente de América Latina. Diez sofisticadas bombas de fragmentación de 500 libras fueron dirigidas satelitalmente para causar la muerte.

Se cometieron flagrantes violaciones a tratados internacionales, incluso en situaciones de guerra, ya que se mató por la espalda a heridos; se torturó, vejó sexualmente y abandonó a las sobrevivientes, quienes hoy son testigos de delitos de lesa humanidad. Esta agresión nos afectó directamente, pues entre las 26 personas asesinadas están los mexicanos Juan González, Verónica Velásquez, Soren Avilés y Fernando Franco. Lucía Morett, quien fue herida y torturada por militares colombianos, enfrenta una feroz persecución política de Uribe y sus aliados en varios países (incluido México).

Uribe y Santos reconocen haber ordenado el ataque a Ecuador, por tanto, son asesinos confesos. En su guerra preventiva no hay razones legales, son actos de poder y de fuerza, al amparo del gobierno más poderoso del planeta.

Hoy, en los debates por la presidencia colombiana, el tema de la masacre de Sucumbíos ha estado presente. Santos reiteró que se siente orgulloso de esa incursión y señaló que la repetiría, con lo que muestra que la legalidad y el derecho internacional le importan muy poco.

¿Qué legalidad y legitimidad moral tiene el Gobierno colombiano para haber formulado en Bogotá un proceso judicial contra Lucía Morett en ausencia, sin su conocimiento y sin el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, según información de ésta? ¿Qué derecho tiene Colombia a juzgar a una ciudadana mexicana por su presencia en Ecuador?

¿Qué jurisdicción y legalidad tiene Colombia para haber pedido la circular roja de Interpol contra Lucía Morett? ¿Por qué esta circular se mantiene vigente mientras Interpol ha rechazado la solicitud ecuatoriana de ficha roja contra Santos, aduciendo motivos políticos en el pedido?

Juan Manuel Santos está a punto llegar a la presidencia de su país, mientras Lucía Morett, sin la efectiva protección del Gobierno mexicano, sigue bajo la incertidumbre de ser apresada y enfrenta de manera desproporcionada la violencia del Estado colombiano y de todos aquellos a los que éste ha comprado, incluyendo a seudoperiodistas.