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Funes califica de «terrorismo» los ataques a minibuses que causaron 18 muertos
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El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, calificó de actos de «terrorismo puro» los ataques perpetrados por supuestos miembros de una pandilla contra dos autobuses de transporte público que el domingo por la noche se saldaron con la muerte de 18 personas, quince de ellas quemadas, y quince heridos en el norte de la capital, San Salvador, y que han conmocionado profundamente al país.
AFP informó que el ataque más grave lo cometieron presuntos miembros de la Mara 18, considerada la pandilla más violento de la capital salvadoreña, que prendieron fuego a un minibús en Mejicanos, un municipio asediado por las bandas juveniles. Catorce pasajeros murieron carbonizados y otros quince -uno de los cuales falleció ayer- resultaron heridos. Ocho personas fueron arrestadas acusadas de participar «directamente» el ataque.
Minutos antes, en una calle cercana, supuestos miembros de la Mara 18 se subieron a otro minibús y abrieron fuego contra sus pasajeros, matando a un adulto y dos niñas, de entre 7 y 9 años, según AFP.
«Vamos a ir hasta el fondo de este caso, porque es un acto de terrorismo y no vamos a permitir que quede impune. Han muerto personas inocentes», señaló el Jefe de Policía, Carlos Ascencio.
La Policía dijo desconocer los móviles de estos ataques, pero algunas fuentes indicaron que podrían ser una advertencia a las compañías que se niegan a pagar a las pandillas.
«Generar terror»
«A mí realmente me estremece el acto de ayer -por el domingo-, no tiene comparación con otros actos», es un hecho que «busca generar terror en la ciudadanía», manifestó el presidente, Mauricio Funes. Subrayó que se trata de «una nota trágica» que enluta a la nación y obliga al Gobierno «a expresar solidaridad» y «redoblar» sus esfuerzos.
El presidente de la Federación de Cooperativas de Empresarios Transportistas Salvadoreños (Fecoatrans), Cata- lino Miranda, adelantó a Efe que la asociación, la principal del sector en El Salvador, tiene previsto solicitar a las autoridades el «estado de excepción» para que «se suspendan las garantías y se persiga verdaderamente el delito».
Los ataques contra el sector no son nuevos. Este año al menos 80 trabajadores han sido asesinados y 15 vehículos incendiados supuestamente porque los empresarios se oponen a pagar extorsiones.