Votar o quedarse en casa, esperanza en el futuro o resignación: las posiciones sobre el referéndum constitucional de Osh, epicentro de recientes enfrentamientos interétnicos y donde se temen nuevas violencias.

Menos de tres semanas después de los sucesos de mediados de junio que provocaron según las autoridades hasta 2.000 muertos en el sur de este pobre país de Asia central, las tensiones entre kirguises y la minoría uzbeka siguen vivas.

El toque de queda decretado en la región de Osh tras el comienzo de los enfrentamientos fue anulado ayer. Sin embargo, persistían las barreras de control y los contingentes de las fuerzas de seguridad fueron reforzados en algunos lugares.

Cerca de 2,5 millones de electores, de un población total de 5,3 millones de habitantes, deben pronunciarse sobre la nueva Constitución kirguís, cuya principal enmienda debilita considerablemente al presidente en beneficio del Parlamento para evitar la concentración del poder en manos de una sola persona.

El presidente derrocado, Kurmanbek Bakiyev, tuvo que dejar el poder a comienzos de abril tras un sangriento levantamiento popular (87 muertos) debido a su deriva autoritaria. La oposición se hizo entonces con el poder y formó un Gobierno provisional.

En Osh, segunda ciudad del país, numerosos habitantes afirmaban ayer que irían a votar a favor de la nueva Constitución esperando que sus votos contribuyan a estabilizar el país.

«Yo voy a votar para que la vida mejore y para que estos hechos no vuelvan a repetirse», señaló a France Presse Aftangel Aidaraliyev.

Otros, como Dilia Tilibayeva, de la etnia uzbeka, rechazan participar en la votación porque dicen que no confían en nadie.

La presidenta provisional, Rosa Otunbayeva, insistió en el hecho de que no era posible establecer el orden en el país «sin adoptar la Constitución y la formación de las estructuras del Estado».

Pero expertos y ONG han alertado contra el peligro de organizar esta votación en las condiciones en las que se encuentra actualmente Kirguistán.

Esta decisión, así como la repatriación de decenas de miles de refugiados en zonas «casi inhabitables» tiene el riesgo de que la situación «se convierta aún en más inestable», afirmó ayer Human Rights Watch (HRW), que reclamó una comisión internacional de investigación. La OSCE renunció a enviar observadores por motivos de seguridad.